El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra petroleras que exploran hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin autorización argentina. Incorporó a Rockhopper Exploration PLC, sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Las compañías se sumaron a Desire Petroleum Limited, que ya había sido imputada al inicio de la causa.
También solicitó que se remitan exhortos al Reino Unido y a Israel con el propósito de informar la composición societaria de las empresas y verificar posibles vínculos comerciales con intereses británicos.
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El caso se originó en una denuncia del canciller Pablo Quirno contra las compañías, las sociedades vinculadas a esas firmas y las personas físicas que eventualmente hubieran intervenido en su nombre o beneficio. El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
Medidas de prueba
Stornelli busca determinar si las presuntas actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas también podrían configurar delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
Los antecedentes administrativos se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental.
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Un año después, la Resolución 457/2013 inhabilitó a la compañía durante 20 años para desarrollar actividades en el país, al considerar que utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que, pese a esas resoluciones y a modificaciones posteriores en su estructura societaria, la empresa habría continuado utilizando esos permisos de exploración y explotación en la zona.
En el requerimiento, el fiscal planteó que “las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incs. 1 y 2 y bajo las circunstancias contempladas en los arts. 8 y 9, de la Ley 26.659”.
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La norma contempla delitos vinculados con la exploración o explotación petrolera no autorizada por la Argentina en su mar territorial o plataforma continental, incluidas las áreas próximas a Malvinas, con penas de entre cinco y diez años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de crudo WTI e inhabilitación comercial por el doble del plazo de la condena.
En tanto, para quienes investiguen o realicen, sin autorización argentina, la extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento, desde yacimientos ubicados en esas áreas marítimas, la pena prevista es de 10 a 15 años de prisión, además de una multa equivalente a entre 150.000 y 1.500.000 barriles de crudo WTI e inhabilitación comercial por el doble del plazo de la condena.
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De acuerdo con la Ley 26.659, las penas de prisión pueden alcanzar a directores, gerentes, administradores, representantes o autorizados que hayan intervenido cuando el hecho se hubiera cometido en nombre, con ayuda o en beneficio de una persona jurídica.
Para el fiscal, tampoco se puede descartar “la eventual configuración de otros tipos penales tales como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras como así el posible lavado de activos procedentes de las actividades denunciadas, entre otros probables”.
El expediente se inscribe en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional emitida el 3 de septiembre, cuando anticipó acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales vinculadas con la cuestión Malvinas y las operaciones hidrocarburíferas desarrolladas en esa área.
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En paralelo, el Reino Unido ratificó el viernes su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina.
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