Enriquecimiento ilícito: el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta intentó justificar el origen de sus bienes

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta rechazó este miércoles las acusaciones en su contra al ser indagado por supuesto enriquecimiento ilícito y reiteró que una casa en un country de Pilar fue comprada por sus padres, con recursos propios.

Baratta es juzgado en la actualidad en la causa por los “cuadernos de la corrupción”, era el jefe del remisero arrepentido Oscar Centeno y además, tiene abierta esta investigación por presunto enriquecimiento. Su defensa planteó la nulidad de la citación a indagatoria que le cursó el juez federal Julián Ercolini porque hay pendiente un recurso en la Corte Suprema de Justicia donde se planteó que la causa debe cerrarse por prescripción. Además, recusó al magistrado.

Pese a ello se presentó en Comodoro Py 2002 junto a su abogado Rodolfo Iglesias, dejó un escrito y expuso sobre los detalles de esa presentación: dijo que la casa en el country Mapuche de Pilar la compraron sus padres para tener una vivienda de fin de semana y que él participó de la remodelación porque se trataba de un proyecto familiar. Se ofreció a responder preguntas pero no le hicieron ninguna.

Sobre un departamento en la ciudad de Buenos Aires que también se le pide justificar, dijo que lo compró su actual esposa en 2006 en dos pagos en una operación de la familia de ella como compensación de herencia y que cuando se concretó él estaba casado con otra mujer. Es decir, fue anterior a ese matrimonio. Sobre su actual vivienda, refirió que se adquirió con un crédito hipotecario.

La acusación

La citación a indagatoria se ordenó días después de la confirmación por parte de la Cámara Federal porteña de la validez de un peritaje contable sobre el patrimonio del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de su ex titular Julio De Vido.

La investigación se lleva en el juzgado federal 12 de Comodoro Py 2002, que está vacante y es subrogado por el juez Ercolini con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano. Se abrió en 2017 y días atrás la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de prescripción por el paso del tiempo, que ahora está a estudio de la Corte Suprema. Por eso su defensa planteó la nulidad de la citación a indagatoria.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y había sido convocado ya por primera vez a indagatoria en esta causa en 2021, por el juez que por entonces estaba a cargo del juzgado federal 12, Ariel Lijo. El trámite no se concretó en ese momento porque faltaba la pericia contable que se dispuso a pedido de la defensa luego de que el exfuncionario presentó su justificación patrimonial.

La casa del country

Está acusado por un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2003 y 2015, durante su paso por la función pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que incluye inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. La imputación abarca departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires además de un lote en el barrio Mapuche Country Club de Pilar y la posterior construcción de una vivienda allí. También se incluyen vehículos Peugeot, Renault y Chevrolet adquiridos durante ese período y dólares y euros que se le secuestraron en un allanamiento.

La defensa de Baratta sostiene que la casa en el country Mapuche es de los padres del exfuncionario que contaban con capacidad económica suficiente para esa adquisición. La propiedad está embargada y fracasaron intentos judiciales de la familia por recuperarla.

En la imputación se sostuvo que el lote en el “Mapuche Country Club”, en Pilar, se compró por USD 70.000 el 19 de septiembre de 2012, en efectivo; y la posterior construcción en el terreno de una vivienda familiar implicó una inversión de $3.700.000, abonado entre los meses de diciembre de ese mismo año y enero de 2015, también, en su mayoría, en efectivo, tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. La madre de Baratta figuró como titular de la propiedad. El arquitecto que construyó la casa fue contratado por Baratta y recibía las indicaciones del entonces funcionario que también hacía los pagos, según la investigación judicial.

En el juicio oral por Cuadernos un exejecutivo de Techint declaró bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 7 que entregó en total un millón de dólares de manera ilegal a Baratta, en la cochera de las oficinas de esa empresa. En la última audiencia el acusado reclamó un careo con los dos ejecutivos de esa empresa que lo incriminaron, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza.