El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala incorporó los antecedentes de violencia y la conflictividad social municipal como criterios para definir los nuevos centros de votación de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano de 2027. La medida busca descentralizar el voto rural sin ignorar los riesgos de seguridad que ya afectaron procesos electorales anteriores.
La Dirección Electoral concluyó el 29 de octubre la verificación de campo de 751 propuestas de circunscripciones electorales municipales rurales en 20 departamentos. El relevamiento había comenzado en mayo con 674 solicitudes y sumó pedidos de líderes comunitarios durante su desarrollo.
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En 2025, el tribunal también verificó las cabeceras municipales de 93 municipios, donde identificó 572 alternativas para nuevos centros. El proyecto definitivo deberá ser aprobado por el pleno de magistrados antes de la convocatoria formal a los comicios.
La violencia electoral como factor para definir nuevas sedes
La directora electoral Gloria López explicó ante los partidos políticos que la evaluación de riesgo combina información de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público en algunos casos, líderes comunitarios, habitantes de las zonas visitadas y registros de violencia electoral de comicios previos.
El análisis busca establecer una visión objetiva de cada localidad antes de autorizar la apertura o el traslado de un centro de votación. La conflictividad se evalúa junto con los requisitos establecidos en los artículos 231 y 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
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La norma obliga a instalar centros en aldeas, caseríos o centros poblados con más de 500 personas empadronadas. También se consideran la distancia hasta la cabecera municipal, el tiempo y costo de traslado de los votantes, la disponibilidad de servicios básicos y el estado de los caminos de acceso.
El TSE activó dos instancias para atender los municipios con mayor riesgo: la Mesa de Prevención de la Conflictividad Electoral, a cargo del magistrado Velázquez, y la Mesa Interinstitucional de Seguridad, dirigida por el magistrado Jiménez. La segunda había sido instalada un día antes de la reunión mensual con las agrupaciones políticas.
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Un magistrado de la región dos, que abarca departamentos como Retalhuleu y Alta Verapaz, indicó que ya fueron identificados municipios con antecedentes conflictivos. Las medidas específicas para esas zonas se definirán junto con la mesa de prevención.
El trabajo incluye la georreferenciación de los centros bajo el sistema GTM 15.5, validado con datos del Registro de Información Catastral. Durante la sesión, un magistrado afirmó: “Hemos identificado los municipios que puedan estar en riesgo alto y en riesgo medio”.
Los reclamos partidarios por las zonas de mayor riesgo
El representante del partido Azul pidió conocer la metodología para clasificar a una comunidad como conflictiva, las medidas de seguridad previstas y las regiones más afectadas. López respondió que la situación cambia de manera permanente y que el análisis continuaba, sin divulgar un listado cerrado de municipios.
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El delegado del partido Todos solicitó un mecanismo formal para proponer cambios de sede en centros con antecedentes de criminalidad. Mencionó incidentes ocurridos en Quiché y Quetzaltenango que, según planteó, habían generado dudas sobre la transparencia de elecciones anteriores.
Los partidos tienen hasta los primeros 15 días de noviembre para presentar información sobre esos casos. La Dirección Electoral prevé terminar el análisis técnico a finales de ese mes.
La reunión mensual entre el TSE y los partidos políticos pasará a realizarse cada dos semanas a partir de noviembre. El ajuste busca acompañar la etapa final de definición de las circunscripciones y los centros que integrarán el plan de descentralización.
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También surgieron dudas sobre la cantidad de juntas receptoras de votos en el distrito central. El representante de Winaq consultó por cambios en las mesas de esa jurisdicción, que cuenta con 5.336 juntas receptoras y 123 centros de votación.
López confirmó que habrá un aumento, aunque aclaró que la cifra mencionada por el partido correspondía al departamento de Guatemala completo y no solo a la capital. Para 2027, el tribunal estima 6.895 juntas receptoras de votos en todo el departamento, incluido el distrito central.
El representante del partido Unionista preguntó si la capital había formado parte de la verificación rural. La directora electoral informó que se recibieron cuatro propuestas en el departamento de Guatemala, pero no precisó cuántas correspondían específicamente al distrito central.
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El delegado de UNI insistió en obtener una cifra concreta sobre los centros de votación de la capital. Un magistrado respondió que el pleno aún no conoce el proyecto final, porque la Dirección Electoral mantiene abierto el análisis técnico.
Más centros y juntas receptoras en los 340 municipios
El TSE proyecta instalar comicios en los 340 municipios del país, con 29.500 juntas receptoras de votos, 1.800 circunscripciones electorales municipales rurales y 4.205 centros de votación. La expansión responde al crecimiento sostenido del padrón electoral, de acuerdo con López.
En 2023 funcionaron 1.213 circunscripciones rurales que atendieron a 15.242 comunidades. La proyección para 2027 amplía esa cobertura territorial mediante nuevas sedes en áreas que antes requerían traslados más extensos hacia las cabeceras municipales.
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La descentralización comenzó tras la reforma de 2004 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hasta entonces, la normativa solo exigía instalar centros de votación en las cabeceras municipales y, en 2003, Guatemala contaba con 3.468 centros en todo el país.
La Dirección Electoral trasladará su propuesta al pleno de magistrados una vez que determine cuáles de las 751 solicitudes verificadas cumplen las condiciones legales. Tras la aprobación mediante acuerdo, el tribunal actualizará su base geoelectoral con las comunidades incorporadas y remitirá esa información a los partidos por el chat institucional y la Secretaría General.
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