El fiscal federal Franco Picardi citó a declarar como testigo a Nadia Beller, la ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia.
La decisión se tomó ante las múltiples noticias periodísticas en relación a dichos de Beller vinculados a que tiene evidencia sobre supuestos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad cuando estaba presidida por Diego Spagnuolo, según supo Infobae en fuentes judiciales.
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Cómo será el trámite
Picardi citó a Beller como testigo y para ello resolvió librar un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración para que la declaración se concrete de manera “virtual y reservada”. La ex pareja de Cerimedo se conectará desde Bolivia y responderá las preguntas que le haga desde los tribunales federales de Retiro el fiscal que tiene delegada la investigación del caso ANDIS.
Ante el estado de salud de la víctima, se pidió resguardar sus derechos y que para ello el día de la declaración estén presentes los fiscales que investigan el atentado contra su vida. Por este hecho quedó preso Cerimedo en Bolivia, acusado de presunto intento de femicidio.
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Se pidió además colaboración también a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación.
Evidencia indispensable
El fiscal explicó en su resolución que decidió citar a Beller como testigo a raíz de las noticias periodísticas que dieron cuenta de afirmaciones de la víctima sobre evidencia que tendría vinculada al caso ANDIS, donde se investigan presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para conseguir contratos de venta de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia en el organismo nacional.
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En ese marco se recordó que se investigan presuntas maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la causa se procesó ya a Spagnuolo y otros acusados, una decisión que es revisada en la actualidad por la sala II de la Cámara Federal porteña, ante las apelaciones de las defensas.
En la acusación se advierte sobre hechos de corrupción vinculados a funcionarios del sector y droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, que no son vendidos en farmacias. Para el fiscal se montó una “estructura delictiva” que les habría permitido “obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza”.
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