La causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri ingresó este viernes a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si habilita una revisión del archivo de la investigación.
El planteo quedó a estudio de los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En esta etapa no analizarán todavía el fondo del expediente, sino la admisibilidad de la queja presentada por el fiscal José Luis Agüero Iturbe, luego de que fuera rechazado el recurso de casación contra el cierre del caso.
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La investigación se inició en 2019 por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento fue acordado inicialmente por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.
La denuncia alcanzó a Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.
Entre los puntos bajo análisis estuvieron la ausencia de un decreto presidencial para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se investigaron la apertura tardía de expedientes administrativos y el destino de los desembolsos.
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La pesquisa se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, documentación vinculada con el acuerdo y datos sobre formación de activos externos.
En febrero pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.
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El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y sostuvo que todavía quedaban medidas pendientes para determinar si durante la contratación del préstamo se habían incumplido procedimientos legales. También pidió avanzar sobre la trazabilidad de los desembolsos y reconstruir el recorrido de las divisas.
A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo. Los camaristas señalaron que el acuerdo había sido gestionado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y consideraron que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis delictiva.
El tribunal de alzada examinó además un informe de la SIGEN que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones, pero sostuvo que ese deterioro no alcanzaba por sí solo para demostrar una administración fraudulenta ni una disposición consciente de fondos en perjuicio del Estado.
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Luego de esa resolución, Agüero Iturbe presentó un recurso de casación. El fiscal cuestionó que el expediente fuera cerrado sin completar medidas destinadas a reconstruir los movimientos del crédito e identificar eventuales beneficiarios privados de la salida de divisas.
Ese recurso fue declarado inadmisible por la Cámara Federal porteña. Ante esa decisión, el representante del Ministerio Público acudió directamente en queja ante el máximo tribunal penal del país.
La presentación quedó ahora radicada en la Sala IV, donde los camaristas Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver si habilitan la instancia para examinar el recurso contra el archivo.
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