“Era una broma”: empezó el juicio político a un juez federal acusado de maltratar a funcionarios de su Tribunal

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación inauguró este lunes el juicio político contra el suspendido juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, quien fue denunciado por funcionarios y empleados de su despacho por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

El jury podría llevar a la destitución de Díaz Lacava, quien en paralelo enfrenta una causa penal por los mismos hechos y será juzgado en un debate oral y público previsto para el próximo mes de septiembre.

El juicio político comenzó esta mañana en el Consejo de la Magistratura con la presentación de la acusación, que estuvo a cargo de los consejeros Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Alberto Maques, abogado, quienes impulsan la remoción por mal desempeño.

Luego fue el turno de la defensa de Díaz Lacava, que está a cargo del abogado Andrés Gil Domínguez. El veredicto del Jurado, según estiman fuentes que participan del proceso, se escuchará entre el 18 y el 25 de agosto.

Las denuncias contra el juez federal que tiene a cargo los juicios y ejecución de las penas en La Pampa empezaron en abril de 2023. Actualmente, tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas.

Tres secretarios del Tribunal lo acusaron de generar un clima de “terror manifiesto”, con episodios de humillaciones, hostigamiento, aislamiento de empleados, insultos e intimidación.

Hay episodios donde las damnificadas son empleadas judiciales, cuyas denuncias se encuadraron en un contexto de violencia de género.

El juez Barroetaveña, al presentar la acusación, aseguró que el caso de Díaz Lacava “no es un mero conflicto laboral; si empezamos de esa manera, le erramos”.

“No estamos ante un episodio aislado ni frente a una reacción desmedida ocasional que puede tener cualquiera de nosotros en un mal día”, expuso el consejero acusador, quien señaló al juez suspendido por “transformar el ejercicio de la función judicial en un mecanismo permanente de violencia, intimidación y abuso de poder”.

Barroetaveña también sostuvo que el TOF de La Pampa “dejó de funcionar como tal, en un contexto de trabajo que se fue degradando progresivamente” como consecuencia de la conducta de Díaz Lacava. “Se demoran las audiencias y resoluciones por este conflicto”, manifestó.

La acusación enumeró 15 hechos de violencia, desagregados en un primer bloque donde se denunciaron gritos, descalificaciones y ataques de ira que ocurrían “prácticamente todos los días”.

Y en un segundo grupo se identificaron casos más graves, como cuando Díaz Lacava arrojó una piedra a una oficina donde estaban sus subordinados, o la vez que encerró durante 20 minutos a empleados de su despacho.

“¿Se puede realmente administrar justicia así?”, se preguntó Barroetaveña ante el Jurado, que está compuesto por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Christian Alejandro Zulli y Nicolás Mayoraz; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

El magistrado Pablo Díaz Lacava escuchó desde el banquillo la acusación en su contra y, al terminar esa etapa, se lo vio compungido y al borde de las lágrimas. Su abogado confrontó las imputaciones y pidió su absolución.

“Durante la pandemia y poco después, Díaz Lacava estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal en varios aspectos, dentro de los cánones de autoexigencia que él tiene”, comenzó en su argumentación el defensor Gil Domínguez.

Al juez, según la versión vertida en la audiencia, le parecía que se estaban haciendo pocos juicios, se custodiaban mal los efectos secuestrados, había una laxitud con las visitas carcelarias y se aprobaban demasiadas licencias al personal judicial.

Todo esto, para la defensa, es una demostración de su “personalidad autoexigente”. “Ese malestar se tradujo en una mayor exigencia a los secretarios y personas de su confianza, que entraron al Tribunal en su gestión”, alegó el abogado del juez.

La defensa expuso episodios que -a su criterio- evidencian que, más allá de los choques laborales, la relación entre denunciantes y denunciado no estaba rota y Díaz Lacava les hizo favores personales y nunca se interpuso para renovar contratos o frenar aspiraciones de ascensos.

También hubo un intento por explicar algunos hechos denunciados, como el del piedrazo: “Tal vez fue una broma de mal gusto que no debió hacer”, respondió Gil Domínguez, quien subrayó que el proyectil no causó ningún daño físico ni material.

La defensa también se apoyó en un dictamen del Cuerpo Médico Forense, que entrevistó a todos los denunciantes y no detectó lesiones físicas. “Tampoco existen indicadores psicológicos específicos que permitan vincularse con una situación de maltrato laboral o algún cuadro psicopatológico en particular, y no se detecta la presencia de indicadores compatibles con un cuadro de trastorno por estrés postraumático vinculado o desencadenado a partir de los hechos denunciados”, resumió el defensor.

“¿Es razonable cargarse a un juez de la Nación a través de un juicio político con este nivel de pruebas inexistentes?”, concluyó el abogado Andrés Gil Domínguez. Díaz Lacava dijo que quiere declarar, pero que lo hará más adelante.

Al cierre de su exposición comenzó la etapa de declaraciones testimoniales. Está previsto que respondan preguntas 32 testigos -entre ellos las víctimas- a lo largo de las audiencias diarias que continuarán durante toda esta semana.

Díaz Lacava es el tercer juez que enfrenta un jury en menos de un año, un ritmo mucho mayor al habitual para el Consejo de la Magistratura.

El año pasado fue destituido Martín Poderti, quien integraba un tribunal oral de Mar del Plata y fue acusado de robar monedas de oro secuestradas en una causa penal. También se espera el veredicto del juicio político a otro juez de la misma ciudad, Alfredo López, denunciado por emitir mensajes de odio antisemitas en redes sociales.

Luego del juez de La Pampa, será el turno del juez de Rosario Gastón Salmain, suspendido y procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y haber ocultado en su CV que en 2002 había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular el sorteo de un expediente.