Se separaron luego de 20 años, ella denunció que había firmado un acuerdo de bienes bajo violencia económica y la Justicia anuló el convenio

La Justicia bonaerense hizo lugar a una demanda por enriquecimiento sin causa presentada por una mujer contra su expareja, tras una convivencia de cerca de 20 años. La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Morón, declaró inválido un pacto de convivencia que atribuía al hombre la totalidad de una vivienda, un comercio, un vehículo y las mejoras realizadas durante la relación.

La resolución ordenó que el demandado pague a la reclamante el 50% del valor actual de las mejoras realizadas en un inmueble de Morón. También deberá abonarle la mitad de los alquileres percibidos por 14 departamentos construidos en el predio desde mayo de 2020, además del 50% del valor actual de un vehículo.

El monto definitivo de la condena todavía deberá ser determinado. Una vez que el fallo quede firme, el martillero designado en la causa tendrá que tasar la propiedad y establecer el valor locativo de cada uno de los departamentos. A partir de esas referencias se calculará la parte que le corresponde a la demandante.

La mujer, actualmente de 52 años, había iniciado el juicio en mayo de 2021. Reclamó una reparación en dólares por las mejoras introducidas en el inmueble y una suma en pesos por distintos conceptos, entre ellos impuestos, servicios, el valor de un vehículo, el fondo de comercio, alquileres e ingresos comerciales que afirmó haber dejado de percibir desde que fue apartada del emprendimiento.

Según su relato, la relación de pareja comenzó en 1999 y la convivencia se inició un año después. La demandante sostuvo que ambos reunieron ahorros propios y recibieron ayuda de su familia para adquirir una vivienda en Morón, aunque la escritura quedó inscripta únicamente a nombre de su entonces pareja.

La presentación señaló que, una vez que tomaron posesión del inmueble, iniciaron tareas de limpieza, reforma y construcción. La mujer afirmó que dejó su empleo para encargarse de la administración de las obras, mientras la pareja proyectaba acondicionar la vivienda y abrir dos locales comerciales en el frente del terreno.

Con el paso del tiempo, según la demanda, el proyecto derivó en un comercio minorista y en la construcción de departamentos dentro de la misma propiedad. La reclamante indicó que trabajó durante años en la atención al público, la relación con proveedores, el control de mercadería y otras tareas de administración.

El demandado —también hoy de 52 años— reconoció que mantuvo una convivencia con la mujer desde fines de 2002, pero negó que ella hubiera participado en la compra de la vivienda o en la formación del comercio. Afirmó que había adquirido el inmueble antes de conocerla y que instaló el negocio con bienes propios y mercadería recibida de su padre.

También presentó un pacto de convivencia firmado en julio de 2018. En ese documento, según describió el fallo, se establecía que la vivienda, el comercio, el vehículo y las futuras mejoras pertenecían de manera exclusiva al demandado. La defensa sostuvo que ese convenio definía la titularidad de los bienes discutidos.

La jueza resolvió que ese acuerdo no podía tener efectos. Para llegar a esa conclusión, valoró testimonios que describieron una relación marcada por humillaciones, control económico, malos tratos y una situación de sometimiento de la mujer durante la convivencia.

Tres personas ofrecidas por la demandante declararon que ella cumplía tareas cotidianas en el comercio y que la pareja realizó obras y construyó departamentos en el inmueble. Dos de esos testimonios también hicieron referencia a situaciones de violencia verbal y económica, así como a una denuncia y una medida de restricción dictada después de la separación.

El juzgado consideró que la situación de desigualdad y el control ejercido sobre los recursos podían afectar la libertad de decisión de la mujer al momento de suscribir documentos. Sobre esa base, tuvo por acreditado que el pacto de convivencia había sido firmado en un contexto que viciaba su consentimiento.

El fallo entendió que el acuerdo funcionó como un instrumento que concentraba en el hombre todos los bienes construidos o adquiridos durante la convivencia. Por ese motivo, lo declaró nulo y concluyó que no existía una justificación válida para que el demandado conservara en forma exclusiva el resultado económico generado por el esfuerzo de ambos.

La jueza aplicó la figura del enriquecimiento sin causa, que permite reparar una situación en la que una persona incrementa su patrimonio a costa de otra sin un motivo legal que lo respalde. En este caso, consideró probado que el patrimonio del demandado creció con las obras, los departamentos, el comercio y el vehículo, mientras la mujer aportó trabajo no remunerado y tareas de administración.

La resolución destacó que las uniones convivenciales no generan de manera automática un régimen de reparto de bienes equivalente al del matrimonio. Sin embargo, señaló que esa regla no permite que uno de los integrantes conserve sin compensación el valor producido por aportes económicos o laborales de la otra parte, sobre todo si existieron condiciones de desigualdad.

Una pericia inmobiliaria había estimado en USD 132.000 el valor de mercado de la propiedad en 2022. El experto también informó que cada departamento podía tener entonces un alquiler mensual de $20.000, aunque aclaró que no era posible tasar el fondo de comercio porque el local se encontraba cerrado y no había datos sobre clientes, caja o movimiento económico.

Por falta de elementos suficientes, el juzgado rechazó el reclamo por el valor del fondo de comercio, los impuestos y servicios que la mujer afirmó haber pagado, y los ingresos comerciales posteriores a mayo de 2020. En cambio, reconoció su derecho a participar en el valor de las mejoras, los alquileres de los departamentos y el vehículo.

Los importes que se determinen devengarán intereses. Para los alquileres, se computarán desde el momento en que se generó cada pago mensual; para las mejoras del inmueble y el valor del vehículo, correrán desde que la sentencia quede firme. En ambos casos se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días.

Las costas del juicio fueron impuestas al demandado. La sentencia también dispuso que los honorarios de los profesionales intervinientes se establecerán más adelante, cuando el pronunciamiento quede firme y se incorporen las valuaciones necesarias para calcular el alcance económico de la condena.