La Cámara Nacional Electoral confirmó este martes el procesamiento del intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y de la jefa comunal interina, Lorena Otermín, los principales acusados de haber retenido documentos de vecinos para impedirles votar en las elecciones de 2019, en las que se impusieron por una diferencia de apenas 49 votos.
Los funcionarios y dirigentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires -que por entonces lideraban la coalición local de Junto por el Cambio- quedaron señalados como coautores de los delitos de retención indebida de documentos cívicos de terceros en concurso con la inducción de electores mediante engaños para abstenerse de emitir su voto.
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La causa penal comenzó el mismo día de la votación, cuando múltiples ciudadanos acudieron a dependencias policiales y judiciales para denunciar que entregaron sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a personas vinculadas a la estructura municipal.
El recuento definitivo de votos confirmó que Rapallini consiguió la reelección con 4212 votos contra los 4163 que cosechó Carlos Coudannes, quien fue el candidato del Frente de Todos.
De acuerdo con las declaraciones recolectadas, las entregas de documentos ocurrieron bajo presiones o a cambio de contraprestaciones que incluyeron sumas de dinero, bolsones de alimentos, materiales de construcción, promesas de empleo en la comuna y facilitación de trámites estatales.
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El expediente reunió el testimonio de 27 damnificados directos de la localidad, de los cuales 19 efectivamente no lograron sufragar aquel domingo debido a que no recuperaron sus documentos a tiempo. Pero el volumen de la maniobra sería mayor: los denunciantes manifestaron que lo mismo les pasó a otros familiares o allegados, lo que configuró el escenario “masivas retenciones de documentos de identidad”, según se desprende del fallo.
La investigación judicial, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, reconstruyó el circuito de captación de los documentos.
Un policía imputado se quebró y confesó en su declaración indagatoria que le entregó los DNI de forma directa al intendente Rappallini en la vía pública o en el domicilio de una colaboradora, Estela Ciafardo.
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Esta versión coincidió con mensajes de voz de WhatsApp analizados por los peritos, donde la funcionaria María Alejandra Fernández -también procesada- le explicaba a una víctima que los documentos no estaban en su poder, sino que permanecían guardados “en el gabinete” municipal.
El fallo de la Cámara Electoral, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, destacó que las 13 personas procesadas por participar de este circuito son o eran funcionarios de alta jerarquía, empleados de la comuna o militantes directamente identificados con el radicalismo local.
La Cámara consideró inverosímil pensar que las máximas autoridades del municipio desconocían un despliegue de tal magnitud coordinado por sus propios colaboradores directos.
Asimismo, la resolución judicial valoró como prueba que durante el mes de los comicios, el intendente Rappallini -hermano de Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina- autorizó una adquisición extraordinaria y masiva de alimentos por un monto de poco más de $2.000.000 de la época, una cifra que actualizada representaría un desembolso de aproximadamente $115.000.000.
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Este movimiento de fondos públicos reforzó la hipótesis sobre el uso de recursos estatales con fines de captación de voluntades.
En paralelo, el tribunal analizó la situación de otros involucrados en la causa. Respecto de Marcelo Osvaldo Condoleo, jefe policial de la localidad en ese momento, los magistrados confirmaron la falta de mérito dictada en primera instancia. Si bien se acreditó que dos suboficiales bajo su mando participaron activamente en las maniobras, el comisario presentó un descargo donde indicó que la máxima autoridad en la dependencia durante la jornada electoral fue un superintendente de mayor jerarquía. La justicia ordenó profundizar la investigación sobre Condoleo para determinar si facilitó el accionar de sus subalternos o si intentó disuadir a los vecinos de radicar las denuncias.
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Por otra parte, la Cámara ratificó el sobreseimiento de Federico Rappallini. Tras analizar las pruebas colectadas durante los últimos años, los magistrados concluyeron que no existen elementos de cargo ni testimonios directos que lo vinculen con las maniobras delictivas investigadas.
Finalmente, el tribunal de apelaciones mantuvo los embargos preventivos sobre los bienes de Matías Rappallini y Lorena Otermín por un monto de 30 millones de pesos para cada uno.
Esta medida cautelar busca asegurar el pago de eventuales multas, costas procesales y reparaciones civiles. También continuará vigente la prohibición impuesta a los procesados de mantener cualquier tipo de comunicación, ya sea de forma directa o por terceras personas, con las víctimas y los testigos que brindaron declaración en la causa.
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