El Congreso de Guatemala desestimó las objeciones de la oposición contra el decreto de precios topes a los combustibles y remitirá la ley al presidente Bernardo Arévalo para su sanción o veto.
La determinación del Pleno deja en manos del Organismo Ejecutivo la puesta en marcha de un mecanismo de subsidio temporal orientado a mitigar el impacto del encarecimiento de los derivados del petróleo en el mercado nacional.
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Durante la cuadragésimo sexta Sesión Ordinaria celebrada este jueves 24 de septiembre, la Junta Directiva que encabeza el diputado Luis Contreras dio por concluida la lectura del recurso presentado por el diputado de oposición Allan Rodríguez, del bloque Vamos.
En la fase de votación, 58 diputados votaron en contra de las objeciones, mientras que 24 lo hicieron a favor y se registraron 61 ausencias, entre ellas la del promotor de la impugnación, Allan Rodríguez.
Con esta decisión, el Decreto 21-2026 quedó habilitado para su envío inmediato a la Presidencia. Esta normativa establece un precio máximo para los combustibles a través de un subsidio.
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A la par de esta medida, el Parlamento mantiene en curso el Decreto 22-2026, aprobado el martes 22 de septiembre, el cual elimina temporalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución del Petróleo Crudo y sus derivados (IDP) para el diésel y las gasolinas.
Si este segundo texto no recibe impugnaciones antes de las 16:30 horas del viernes, también será remitido a Bernardo Arévalo. De este modo, la administración central de Guatemala deberá resolver qué instrumento legal aplicará para contener el costo de los carburantes.
La ley fija valores máximos para las gasolinas y contempla un ajuste en el Presupuesto
La Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, ratificada originalmente el 8 de septiembre, fijó valores de venta al público en Q39 (USD 5,06) por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 (USD 5,32) por galón para la gasolina superior.
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Estas cifras actuarán como techos máximos de comercialización en las estaciones de servicio hasta el 31 de diciembre.
Para sostener el mecanismo, la legislación faculta al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de incrementar los fondos asignados al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Además, el decreto incluye un recorte de Q507,6 millones (unos USD 66 millones) al Presupuesto general de egresos, medida concebida para balancear el gasto público requerido por el subsidio.
Las discrepancias parlamentarias retrasaron la entrega de la norma tras semanas de debate
El freno en la tramitación del expediente respondió a las objeciones de la bancada opositora, que señalaba presuntas inconsistencias procesales en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y contradicciones entre los artículos 1 y 8 de la normativa.
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La agrupación de oposición defendía en su lugar la iniciativa 6810, un proyecto que planteaba una reducción directa de impuestos durante un periodo de seis meses.
En un principio, la postura del Ejecutivo descartaba la suspensión de tributos debido a las complicaciones técnicas en la cadena de distribución y al desgaste de la recaudación fiscal.
Sin embargo, el aumento de la presión social y los consensos alcanzados entre bancadas impulsaron el avance de ambas opciones.
En la misma jornada plenaria, la inasistencia de legisladores impidió desarrollar la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.
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