Tras la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 5 retomará las audiencias del juicio por el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos para completar la etapa de alegatos de la acusación, con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por la abogada Marianela Teich.
La querella tomará su turno después de escuchar, en la última sesión del 8 de julio, al fiscal Diego Velasco, quien solicitó las penas más altas para los imputados, de acuerdo con el grado de participación en la presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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De este modo, requirió seis años de prisión e inhabilitación especial para el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano, Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el subsecretario Abel Fatala; a quienes consideró autores del delito.
En cuanto a los referentes de Santiago del Estero: Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, los acusó de ser supuestos partícipes necesarios, por lo que reclamó cuatro años de cárcel.
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En este expediente se investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales y que, según la acusación, fue detectado entre 2005 y 2011 mediante adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, bajo condición de exclusividad.
La UIF tendrá una jornada para definir su planteo, y luego continuarán las defensas, con un calendario que permitiría conocer el veredicto —a cargo de los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico— entre septiembre y octubre de este año.
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La acusación
Durante su exposición, el fiscal Velasco señaló que durante el proceso se demostró la existencia de un esquema criminal pergeñado y organizado entre el Estado Nacional y los responsables del proyecto Misión Sueños Compartidos, administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Precisó que tanto Sergio como Pablo Schoklender, como apoderados de la Fundación, “se adjudicaron mediante direccionamientos, esto es contratación directa, obras públicas de viviendas sociales, nexos de infraestructura, hospitales y salones de usos múltiples, en diferentes provincias afines al gobierno nacional de esos años”.
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Velasco describió que “recibieron concesiones escandalosas e ilegales” o “extensiones de plazos sin justificaciones para encubrir incumplimientos”, a la vez que dejaron obras abandonadas que “fueron concluidas después por el sistema de administración de los estados municipales, es decir por el mismo estado”.
Detalló que el mecanismo de contrataciones “fue manipulado en la ciudad de Buenos Aires, el municipio de Tigre, de Almirante Brown, Ezeiza, la ciudad de Rosario, de Santa Fe, San Carlos de Bariloche, y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones”.
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Sobre el rol de cada uno de los imputados, el fiscal apuntó contra Sergio Schoklender por su participación en la elaboración de todos los contratos; indicó que Pablo Schoklender tenía poder de administración de la totalidad de los bienes, las finanzas y los pagos.
También sostuvo que los funcionarios de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin facilitaron la maniobra y recibieron dinero de la Fundación, lo que “los colocó de los dos lados del mostrador”.
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Por otra parte, el fiscal le endilgó a Julio De Vido haber sido el diseñador del mecanismo y aprobar los actos administrativos que lo habilitaban; José López fue el eslabón que autorizó el desembolso de los fondos del Estado sin verificación, y Abel Fatala contribuyó con ese propósito como garante de la maniobra.
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