El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) cuestionó el proyecto que propone endurecer las penas por falsas denuncias y advirtió que una reforma del Código Penal no puede apoyarse en casos de alto impacto público ni en percepciones sobre la magnitud del fenómeno.
La posición fue expresada por la presidenta de la institución, Alejandra García, quien sostuvo que “las reformas al Código Penal no pueden fundarse en la repercusión pública de determinados hechos ni en percepciones sobre su magnitud”. A su criterio, cualquier modificación debe estar respaldada por evidencia que demuestre que la legislación vigente resulta insuficiente y que la respuesta propuesta es necesaria.
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García recordó que “la falsa denuncia no constituye un vacío legal. El Código Penal ya la sanciona en su artículo 245” y planteó reparos sobre la técnica legislativa utilizada. Según señaló, el texto recurre a “categorías de contornos imprecisos”, como la de “hechos delictivos dolosos graves”, sin establecer parámetros objetivos para determinar su alcance.
“En derecho penal, donde rige el principio de legalidad, la precisión en la descripción de las conductas no constituye una exigencia meramente formal, sino una garantía para la ciudadanía”, afirmó.
El pronunciamiento del Colegio se produce en el marco del debate legislativo sobre el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada y otros legisladores, que en abril obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. La iniciativa propone modificar el Código Penal en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, e incorpora agravantes cuando esos delitos se cometan en causas vinculadas con violencia de género, violencia familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual. Durante el tratamiento en comisión, los respaldos más enfáticos al proyecto provinieron de la propia Losada y de los senadores Luis Juez y Juan Carlos Pagotto.
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La entidad porteña respaldó su postura con datos del Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos. Según ese informe, las falsas denuncias representaron el 0,09% de las 8.254.672 investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones del país. Del total identificado, solo el 8% estuvo vinculado con hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar.
“Estos datos no significan que las falsas denuncias no existan ni que carezcan de importancia. Pero muestran que se trata de un fenómeno excepcional y no de una situación que justifique una reforma penal de esta naturaleza”, sostuvo García.
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La entidad también citó la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, elaborada por el Estado nacional, según la cual apenas el 21% de las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja formuló una denuncia.
Para la titular del CPACF, ese dato obliga a evaluar con especial cautela cualquier cambio normativo que pueda desalentar el acceso a la Justicia. “El verdadero desafío continúa siendo el subregistro de estos hechos”, señaló.
García también diferenció una denuncia falsa de una causa que finaliza sin condena. “No toda denuncia que concluye con un sobreseimiento o una absolución es una denuncia falsa”, remarcó. Y agregó: “Confundir ambos planos no solo conduce a conclusiones equivocadas, sino que también puede desalentar denuncias legítimas allí donde demostrar lo ocurrido resulta especialmente complejo”.
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“Cuando una reforma penal no se apoya en un diagnóstico sólido, el riesgo es que el remedio termine agravando el problema”, concluyó.
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