
El gendarme Nahuel Gallo declaró ante la Sala 1 de la Cámara Federal, en el marco de su apelación contra la unificación de las querellas en la causa abierta en Argentina a Nicolás Maduro y otros acusados, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Gallo le dijo a los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que él se considera víctima, después de que estuvo privado de su libertad en ese país durante 448 días, desde el 8 de diciembre de 2024. Cuando lo detuvieron, el gobierno del entonces Nicolás Maduro lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
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La Fiscalía lo imputó por presunta actividad terrorista y acciones desestabilizadoras, alegando que su visita familiar era una fachada para un plan criminal.
A pocos días de su detención ilegal, la Cancillería argentina denunció el secuestro de Gallo, y lo catalogaron como un preso político. Lo mantuvieron encerrado en la cárcel de El Rodeo I, uno de los centros de detención más peligrosos de Venezuela.
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Cuando fue liberado el 2 de marzo, regresó al país y se reincorporó a la fuerza. El viaje de regreso a la Argentina fue resultado de una gestión todavía no aclarada en sede judicial de representantes de la Asociación de Fútbol Argentino. De hecho, viajó en un avión privado con algunos dirigentes de la AFA.
Tras esta audiencia, los camaristas deberán resolver si sostienen o revocan el fallo del juez federal Sebastián Ramos, que unificó la representación de los damnificados entre dos grupos de abogados: el primero encabezado por Ignacio García, que reúne a un grupo de víctimas, y el segundo que lidera el doctor Tomás Farini Duggan, que incluye a la persona jurídica Asociación Civil Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y la República.
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De acuerdo a lo que puntualizó el juez Ramos, a través de los testimonios que comparecieron en los tribunales de Buenos Aires, entre abril y septiembre de 2017 se contabilizaron 88 casos que afectaron a 314 personas en 13 estados venezolanos.
Por otro lado, la Cámara Federal deberá responder a otro pedido de las querellas que respaldó el fiscal Aguero Iturbe, para que el presidente de AFA, Claudio Tapia, sea citado como testigo en la investigación en relación a la recuperación de la libertad y la repatriación de Gallo.
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La causa argentina
El planteo de extradición de la justicia federal argentina con una orden de captura internacional para tomarle declaración indagatoria a Maduro llegó a los Estados Unidos.
El expediente fue abierto en el 2023 en virtud del principio de jurisdicción universal que permite la persecución subsidiaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países.
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La opción de juzgar a dictadores de otros países está incluida en la Constitución a través de la adhesión a Tratados Internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 para los delitos cometidos en un conflicto armado internacional.
La Convención de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006.
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El juez Ramos inició el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros tras la irrupción de Estados Unidos en Caracas que logró la detención de Maduro para ponerlo a disposición de los Tribunales de Nueva York.
La justicia argentina valoró como prueba contra el dictador chavista el contenido de al menos 17 informes emitidos por diferentes organismos internacionales que describen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y dificultad para acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en relación a esas graves violaciones a los derechos humanos.
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Se trata de las investigaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras 50 organizaciones que defienden los derechos civiles.
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