Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender ampliarán su declaración en el tramo final del proceso judicial por el caso Sueños Compartidos. También pidieron hacer su descargo el exsubsecretario Abel Fatala y el financista Daniel Freidin.
Las partes dieron por concluida la etapa testimonial. Cuando finalicen las indagatorias, el Tribunal Oral Federal 5 estará en condiciones de fijar el cronograma de alegatos, antes de dictar su veredicto.
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En este juicio se evalúa la responsabilidad de exfuncionarios y responsables de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el presunto desvío de 206 millones de pesos que el Estado había destinado a la construcción de viviendas sociales entre 2007 y 2013.
El programa Sueños Compartidos fue administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de la suscripción de convenios para levantar complejos habitacionales en Capital Federal, Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Rosario.
Además de los hermanos Schoklender, Abel Fatala y Daniel Freidin, están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel y Karina Nasif y el empresario Carlos Castellano.
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Etapa testimonial
Durante la ronda de testigos declararon delegados barriales, proveedores, funcionarios y exfuncionarios, que aportaron detalles sobre la operatoria del programa y las presuntas irregularidades.
Las hermanas Irma y Adela Pacheco, representantes de la asociación civil Esperanza de un Cambio, denunciaron que sus firmas fueron falsificadas en documentos utilizados para justificar ampliaciones presupuestarias.
Declararon que, tras firmar el convenio original junto a otros vecinos, detectaron la existencia de otro documento con cifras superiores y sus firmas falsificadas.
Según relataron ante el tribunal, realizaron la denuncia correspondiente y los peritajes caligráficos confirmaron que no eran sus rúbricas las que figuraban en la documentación presentada por la Fundación.
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Además, el proveedor Emiliano Capobianco declaró que vendió aberturas de aluminio para varias de las obras, con pagos que se efectivizaban con cheques a plazo.
Otro testigo, Alfredo García, relató que la Fundación Madres de Plaza de Mayo le entregó veinte cheques escalonados por cinco mil pesos cada uno, pero todos resultaron rechazados y nunca pudo recuperar el dinero.
García señaló que, pese a las promesas de regularizar la deuda por parte de Pablo Schoklender, finalmente no pudo cobrar lo adeudado por materiales entregados para obras en Tecnópolis.
El ingeniero civil Francisco Guzmán, perito de la Corte Suprema, sostuvo que varias viviendas construidas a través de los convenios con la Fundación no estaban en condiciones de ser entregadas.
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Guzmán narró la inspección de un barrio en Bariloche, donde una familia se calefaccionaba con un tacho de chapa y obtenía agua de otra vivienda, sin acceso a servicios básicos adecuados.
La perito contable María Eleonora Feser subrayó que muchos de los registros de la Fundación carecían de respaldo documental, como facturas o recibos.
Las defensas
En las indagatorias previas, Sergio Schoklender rechazó las imputaciones y cuestionó la validez de los informes periciales que señalaron irregularidades en la ejecución de las obras.
Afirmó que “la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe de Bonafini, y usaba los recursos que recibía del Estado para movilizar a la gente contratada hacia distintos eventos políticos”.
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Agregó que nunca pidieron redeterminación de precios, una práctica que describió como común en la obra pública de la época, y sostuvo que su estándar de vida se deterioró durante el desarrollo del programa.
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