La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa iniciada por las autoridades del Hospital de Pediatría Garrahan contra un grupo de empleados y delegados sindicales que protagonizaron una protesta salarial en la que hubo disturbios.
La Justicia determinó que los hechos no constituyeron un delito penal, sino que se encuadraron dentro del derecho constitucional a la protesta y la actividad gremial.
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El episodio que originó la denuncia ocurrió el 31 de octubre de 2025 al mediodía. En esa oportunidad, cerca de 50 trabajadores, acompañados por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos, tomaron las oficinas de la Dirección Médica Ejecutiva y la Dirección Administrativa Adjunta, ubicados en la planta baja del establecimiento.
El reclamo apuntaba a que les reintegren los descuentos de sueldo por días no trabajados por adherir a protestas anteriores.
Según la acusación presentada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Estela Sánchez, los manifestantes entraron por la fuerza, impidieron el acceso al personal y generaron desorden en los pasillos por donde circulan los pacientes y sus familias.
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La denuncia original también señaló que la irrupción del grupo obligó a varios directivos y empleados administrativos a resguardarse en oficinas internas para proteger su integridad física. Durante la protesta, se escucharon gritos y expresiones “sumamente agresivas” hacia las autoridades del nosocomio.
“Garca”, “vaciador”, “chorro”, “fuera, sorete”, “rata” y “roñoso” fueron algunos de los insultos quedaron registrados en los soportes audiovisuales que las autoridades del hospital aportaron a la causa, obtenidos tanto de las cámaras de seguridad internas como de las transmisiones que los propios trabajadores realizaron en sus redes sociales.
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La denuncia enfatizó que la manifestación provocó una alteración del orden en un hospital pediátrico de alta complejidad, donde la tranquilidad “es indispensable” para la recuperación de los niños internados.
Sin embargo, el personal policial que intervino en el lugar informó que los manifestantes entregaron un petitorio por los canales oficiales y se retiraron pacíficamente por la tarde, sin que se registraran personas heridas ni daños materiales en el mobiliario, más allá de la colocación de carteles y pegatinas en las paredes.
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Al analizar el caso, el Ministerio Público Fiscal solicitó desestimar la denuncia de manera directa. La fiscalía argumentó que “de los hechos narrados en la denuncia no se desprenden situaciones delictivas ni surgen sospechas suficientes que habiliten el impulso de una investigación penal”.
Las conductas de los empleados “se inscriben en el ejercicio de derechos constitucionales de expresión, protesta y actividad sindical, orientadas al reclamo por la devolución de montos descontados de los haberes de las personas trabajadoras, aspectos directamente vinculados a su remuneración y a su situación socioeconómica”, dictaminó la fiscalía.
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Anteriormente, en primera instancia y ante la Cámara Federal porteña, también se había rechazado abrir una investigación penal. La querella de la dirección del hospital insistió hasta llegar a Casación.
La Sala IV del máximo tribunal penal federal estableció en un fallo firmado este viernes que el derecho penal debe ser la última opción del Estado para resolver conflictos y que, en este escenario, no se constató violencia física, amenazas penalmente relevantes ni una interrupción real de los servicios médicos esenciales del hospital pediátrico.
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Los abogados del Hospital Garrahan argumentaron que el cierre del caso resultó prematuro y que se omitió analizar videos clave y tomar declaraciones a los testigos.
Los jueces Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo conformaron la mayoría que rechazó el recurso de la querella, al entender que los hechos no superaron el umbral de lesividad necesario para ser considerados un delito. Por su parte, el juez Mariano Hernán Borinsky votó en disidencia, al considerar que la investigación se cerró de forma anticipada sin realizar las pruebas mínimas para reconstruir con precisión lo sucedido dentro del centro de salud.
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