La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia de COVID-19 entró este martes en etapa de declaraciones indagatorias. El infectólogo Pedro Cahn, director científico de la fundación “Huésped” y exasesor del presidente Alberto Fernández, fue el primero en comparecer ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli.
El médico llegó a Comodoro Py minutos antes de las 11 y declaró durante casi dos horas ante las autoridades judiciales.
El 16 de junio será el turno de Carla Vizzotti, quien ocupó los cargos de secretaria de Acceso a la Salud y ministra de Salud durante el período investigado.
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La causa, impulsada por el fiscal Stornelli, busca determinar si la compra y la provisión de vacunas se basaron en criterios epidemiológicos y científicos o si, por el contrario, existieron motivaciones económicas para favorecer a grandes laboratorios -AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik- y empresas locales.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Stornelli, solicitó estas indagatorias, que fueron convalidadas por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 en abril.
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En su dictamen, el fiscal sostuvo que, a pesar de que las negociaciones con el laboratorio Pfizer comenzaron tempranamente —los intercambios entre el Estado Nacional y la empresa habrían comenzado en julio de 2020—, “desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido”.
“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, reconstruyó Stornelli.
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Y completó: “Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”.
El fiscal presume que la dilación fue intencional para favorecer a los competidores de Pfizer, así como a los “socios locales” que hicieron en el país “estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”.
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El requerimiento de Stornelli no atribuye a Cahn responsabilidad directa en la adquisición de vacunas. Sin embargo, su citación se relaciona con su rol como divulgador de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que implicaron la prohibición de circulación y afectaron las fuentes de trabajo de millones de personas.
Cahn fue una figura consultada por el entonces jefe de Estado y tuvo una presencia mediática constante durante la pandemia, justificando las medidas de aislamiento. Recientemente, el presidente Javier Milei lo criticó duramente, calificándolo como uno de los ideólogos de la “infectadura”.
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La declaración de Carla Vizzotti está programada para el 16 de junio. Primero como secretaria de Acceso a la Salud y luego ministra en reemplazo de Ginés González García, Vizzotti habría incurrido en “un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”. Durante su gestión había recibido cuestionamientos por las demoras en la adquisición de vacunas de eficacia probada a nivel global.
Además de Cahn y Vizzotti, otros funcionarios y empresarios fueron convocados a declarar en esta causa. Entre ellos se encuentran el empresario farmacéutico Hugo Sigman, quien solicitó posponer su declaración y se presentará el 29 de junio.
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También fue citada la exasesora Cecilia Nicolini, quien mantuvo una relación fluida con los productores de la Sputnik V y declarará el 14 de julio.
El juez Lijo también llamó a declarar al entonces subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Alberto Monsalvo; el exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli; la exsubsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Gabriela Tarragona.
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También se citó a los apoderados de distintas compañías que habrían sido beneficiadas por la decisión del Ejecutivo de aquel momento de retrasar las negociaciones con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas.
La fiscalía llevó a cabo una serie de medidas que permitieron corroborar la existencia de “serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19”, según consta en el dictamen de Stornelli.
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