Universidades y Gobierno acercan posiciones por los fondos, pero la disputa judicial frena el acuerdo

El Gobierno y los rectores de universidades nacionales mantuvieron este lunes una nueva reunión en busca de una solución al conflicto por los fondos. Las partes están más cerca de un acuerdo, pero todo está condicionado a qué hacer con el reclamo judicial de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que está bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.

Ayer, se reunieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), que integra el ministerio de Capital Humano, y los rectores de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y Anselmo Torres, de Río Negro (UNRN), en su rol de presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el encuentro se puso en consideración una “propuesta intermedia”, que permita recuperar puntos del 45,6% que perdió en términos reales el sistema universitario desde 2023.

Uno de los puntos críticos del reclamo es la cuestión salarial. La propuesta oficial es un ajuste superior del orden del 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según deslizaron varias fuentes a Infobae tanto de las negociaciones. Plantearon, además, un compromiso para no seguir perdiendo por la inflación de 2026.

El número surge de una recuperación teórica de 4 puntos de atraso correspondiente a 2024, y del orden del orden del 12% en 2025. Además, se prevé una suba del 20% para los gastos de funcionamiento, junto con una partida extra para los hospitales universitarios.

En principio, la oferta tendría cierto aval por los actores de la comunidad universitaria, pero el avance de las negociaciones se trabó porque el Gobierno quiere que los rectores retiren la medida cautelar que presentó en la Corte.

“Se está viendo legalmente cómo destrabar eso, para que las partes queden en reserva de ratificar sus posiciones”, señaló una alta fuente universitaria al tanto de las negociaciones. Se está ajustando el texto que conforme a ambas partes, para que los abogados del Estado y del CIN puedan avanzar sin renunciar a los derechos en juego.

Para los rectores, no hay alternativa posible de resignar el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, afirman desde el CIN.

La demanda judicial de las universidades cuenta con una medida cautelar favorable, dos veces ratificada, aunque actualmente se encuentra suspendida tras un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. Ahora, la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo definido para expedirse.

Esa incertidumbre política es que la habilitó a los rectores a buscar algún tipo de solución. “El problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte... y en el medio se te van los profesores”, graficó una autoridad universitaria.

El Gobierno considera que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera, que establece que toda ley debe especificar la fuente de los fondos. Por eso, insiste en que la continuidad de la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico de partes.

Por su lado, un sector de los sindicatos docentes y no docentes desconfían de estas tratativas. Incluso, los rectores reclaman que cualquier tipo de solución salarial debe incluir una “apertura de una instancia paritaria real y la construcción de un acuerdo con las organizaciones gremiales”.

“Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, indicaron desde Conadu.

Las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintas organizaciones de la comunidad universitaria realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para visibilizar el conflicto y reiterar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que se expidan sobre la cautelar. En los últimos días, estudiantes de los colegios preuniversitarios del Nacional Buenos Aires (CNBA) y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.

En estas instituciones de nivel medio, la situación del personal docente es especialmente crítica ya que también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). En las negociaciones también se está discutiendo una partida para este sector.