Nuevo detenido en Panamá por caso de créditos fiscales falsos contra el Estado

La Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional realizaron una nueva aprehensión relacionada con el escándalo de manipulación del sistema E-Tax 2.0, una investigación que se ha convertido en uno de los mayores casos de presunto fraude fiscal detectados en Panamá en los últimos años.

Las autoridades informaron que la diligencia se desarrolló en el sector de Las Uvas de San Carlos, donde fue capturada una persona presuntamente vinculada a delitos contra la fe pública y peculado doloso en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la investigación guarda relación con un esquema de creación de créditos fiscales presuntamente fraudulentos dentro del sistema E-Tax, utilizado por la DGI para la administración tributaria digital del país.

Según el Ministerio Público, existen elementos de convicción que apuntan a que varias resoluciones generadas dentro de la plataforma permitieron reconocer créditos fiscales que posteriormente fueron cedidos de manera irregular a empresas privadas.

La nueva aprehensión forma parte de una investigación iniciada formalmente en abril de 2023, luego de una denuncia presentada por la propia DGI tras detectar anomalías en los procesos de reconocimiento de créditos fiscales relacionados con la compra e instalación de equipos fiscales.

Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción ha desarrollado múltiples operativos que han dejado personas imputadas, exfuncionarios detenidos y varias carpetas de investigación abiertas.

Las autoridades sostienen que el mecanismo fraudulento consistía en la creación de resoluciones falsas dentro del sistema E-Tax para generar créditos fiscales ficticios que no tenían sustento comercial real.

Posteriormente, esos créditos eran cedidos a empresas intermediarias y finalmente transferidos a otras compañías o aseguradoras que terminaban recibiendo beneficios fiscales y pagos derivados de operaciones aparentemente válidas dentro de la plataforma tributaria estatal.

La Procuraduría informó que dentro de la investigación ya existen siete personas imputadas por delitos contra la fe pública y la administración pública en la modalidad de peculado doloso. Además, durante los allanamientos recientes se ubicaron indicios y documentación vinculados con las pesquisas que continúan desarrollándose bajo reserva judicial.

El caso ha escalado con el paso de los años debido a la magnitud de los montos investigados. Aunque inicialmente las autoridades hablaban de perjuicios cercanos a los $934 mil, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron considerablemente las cifras.

Documentos y auditorías internas de la DGI citados dentro de las investigaciones apuntan a que el fraude pudo haber provocado pérdidas de entre $40 millones y $80 millones al Tesoro Nacional.

El sistema E-Tax 2.0 es la principal plataforma digital de administración tributaria en Panamá y permite a contribuyentes realizar declaraciones, pagos, solicitudes de créditos fiscales y otros trámites en línea.

Uno de los procesos más sensibles dentro del sistema es precisamente el reconocimiento y cesión de créditos fiscales relacionados con equipos fiscales, incentivos creados para promover el control tributario y la facturación electrónica en comercios y empresas.

La investigación también reveló que parte de la estructura presuntamente utilizaba ajustes internos dentro del sistema para mover pagos y créditos entre contribuyentes sin autorización formal.

Según los expedientes judiciales, algunas empresas habrían recibido beneficios fiscales millonarios sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación tributaria panameña.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que dentro de la presunta red aparecen exfuncionarios y funcionarios vinculados a la propia Dirección General de Ingresos, personas que tenían acceso privilegiado al sistema y conocimiento profundo de los procedimientos internos.

Las investigaciones también apuntan a la participación de particulares, empresas intermediarias y familiares de algunos implicados.

La primera fase operativa de la llamada “Operación E-Tax 2.0” fue ejecutada en octubre de 2023 con allanamientos simultáneos en Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Este.

En ese momento fueron aprehendidas cuatro personas, incluyendo dos exfuncionarias de la DGI. Posteriormente, en septiembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó la denominada “Operación Publicano”, que amplió las investigaciones hacia nuevas provincias y derivó en más capturas y condenas.

Las investigaciones continuaron avanzando incluso durante 2026. En marzo pasado, la Fiscalía ordenó la aprehensión de quien fungió como jefa de cobranzas de la DGI entre 2020 y 2024 por presuntos delitos relacionados con créditos fiscales irregulares y peculado.

Esa línea de investigación mantiene actualmente varias carpetas abiertas relacionadas con movimientos financieros, cesiones de créditos y posibles actos de corrupción dentro de la administración tributaria.

La DGI ha respondido endureciendo controles y modificando procedimientos internos para la validación de créditos fiscales y cesiones tributarias. La entidad también emitió alertas a contribuyentes y asesores fiscales para advertir sobre ofertas irregulares de compra de créditos fiscales y reforzó los mecanismos de auditoría sobre movimientos realizados dentro de la plataforma E-Tax.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará desarrollando diligencias para determinar responsabilidades penales y recuperar recursos públicos presuntamente afectados por la red investigada.

Mientras tanto, el caso sigue creciendo y ya es considerado uno de los expedientes de presunto fraude tributario y manipulación digital más complejos enfrentados por las autoridades panameñas en la última década.