Alberto Fernández le pidió a la Sala IV de la Cámara de Casación que “hagan justicia y revoquen el procesamiento” por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la causa Seguros.
Ante los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, el exmandatario afirmó que él cree que el juez de instrucción Sebastián Casanello -como subrogante- “firmó el fallo que le llevó el antiguo equipo de Bonadío y no advirtió lo que estaba pasando”.
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Aclaró que no lo dejaron defenderse de los hechos por los cuales fue procesado, porque cada vez que estuvo ante la justicia en indagatoria siempre respondió en relación al decreto 823/2021, y después lo acusaron de nombrar en Presidencia a su secretaria, María Cantero, para que contribuya en el supuesto direccionamiento de contratos.
Fernández señaló que llegó en queja a Casación porque en la instancia anterior se desoyó su pedido: “acá sigo maravillosamente violado por la Cámara Federal, nunca me dejaron defender por el hecho que me imputaron…Maria Cantero era mi secretaria desde hacía 30 años, ella no manejaba mi agenda, es una falacia absoluta”.
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La voz disfónica del ex presidente se fortaleció cada vez que nombró al primer juez de la causa, Julian Ercolini. Con el dedo índice levantado y tono firme aseguró que “desde el primer día lo recusé a Ercolini, enemigo público mío”.
En este sentido, dijo que desde entonces vino “planteando que no es un juez imparcial (...) tenía una animadversión manifiesta conmigo”. Luego cuestionó que lo hayan apartado en la causa por violencia de género y sin embargo no hayan tomado la misma decisión en Seguros.
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Por otro lado, solicitó a los magistrados que actúen con parcialidad, ya que “no se cuánto simpatizan conmigo, pero parece que acá los únicos que rendimos cuentas somos los que pensamos como Perón. Señores jueces, les pido que hagan justicia, revoquen el fallo”.
Alberto Fernández asistió personalmente a la audiencia oral y pública, por lo que se reforzó la seguridad en el primer piso del edificio de Comodoro Py, para que pudiera ingresar caminando, rodeado de su custodia a la Sala E, ubicada en el ala que da al Río de la Plata.
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El descargo de la defensa
La doctora Mariana Barbitta pidió que se revoque el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros porque entendió que la resolución del procesamiento “es violatoria del principio acusatorio y de la autonomía y objetividad del Ministerio Público Fiscal”, en alusión a que en la instancia de apelación ante la Cámara Federal, la fiscalía había dicho que debía dictarse una falta de mérito.
En aquella presentación, el fiscal José Agüero Iturbe fundamentó que no había encontrado elementos de prueba “con un grado de certeza que requiere de la etapa en que estamos, la imputación en los términos, en las condiciones y en la gravedad que se le formula a Alberto Fernández”.
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Barbitta aclaró que “no desconoce esta defensa que los dictámenes fiscales no siempre son vinculantes, ni determinan el contenido de las resoluciones judiciales, pero en este caso concreto, en donde no había contradictorio, y estábamos frente a un pedido expreso de la Fiscalía que coincidía con la defensa, los jueces debieron actuar de forma imparcial y revocar el procesamiento”.
La opinión del fiscal
El Fiscal General ante esa Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, solicitó los procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del ex jefe de Estado en orden al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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En su presentación a través de breves notas opinó que el recurso de la defensa es inadmisible. Además, señaló que “la defensa no ha logrado acreditar la existencia de un agravio federal debidamente fundado (...) no ha introducido una crítica razonada, sino que sus agravios sólo traslucen una mera disconformidad con el análisis efectuado por las dos instancias previas que entendieron en el caso”.
La causa
En rigor, la hipótesis de la causa Seguros sostiene que a través del decreto N° 823/2021, Alberto Fernández dispuso que NACIÓN SEGUROS centralizara la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas sin seguir los procedimientos de selección previstos.
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Entre los principales beneficiarios la justicia encontró al broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; a su esposa y ex secretaria, María Cantero y al ex titular de NACIÓN SEGUROS, Alberto Pagliano.
En el momento del procesamiento Casanello detalló que durante la gestión de Alberto Pagliano, la empresa estatal NACIÓN SEGUROS abonó comisiones “por intermediación con organismos públicos principalmente a tres grupos de productores liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello”.
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Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los 2.200 millones de pesos, equivalente a un 59,6% de las comisiones a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández.
A su vez, el juez detectó que la asunción de Cantero como secretaria privada ejecutiva del presidente de la Nación, desde el primer momento “fue tomada como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios de su núcleo familiar, gestionando directa o indirectamente las contrataciones de los distintos organismos del Estado en su favor”.
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