La Sala 5 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo inhibitorio del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había solicitado el traslado a su juzgado de la causa que tramita en la justicia nacional de Capital Federal.
En la misma resolución, el tribunal elevó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que defina quién se queda con el caso, es decir si debe ocuparse Charbay o el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
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El fiscal Ricardo Sáenz había dictaminado a favor de mantener la causa en el Juzgado Nacional porque al momento en que se habrían cometido los delitos, la sede social de la AFA estaba en la Ciudad de Buenos Aires.
El Código Penal establece que la Corte Suprema debe intervenir en cuestiones de competencia cuando, como en esta situación, la discusión se da entre dos fueros distintos.
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El expediente que reclama el magistrado de Campana se inició con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni sobre el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasma creadas en Miami. Los imputados son Javier Faroni, su esposa Érica Gillette, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
A todo esto, la Cámara Federal de Casación tiene que resolver otro conflicto de competencia en relación a la pesquisa en marcha sobre las supuestas irregularidades detectadas en la mansión de Pilar, que habría sido comprada mediante testaferros y que se les atribuye a los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
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Por su parte, el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió de seguir a cargo de la causa por el presunto desvío de más de 300 millones de dólares.
Pedido de detención
El fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tras acusarlos de integrar una asociación ilícita.
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Según la imputación, ambos ejecutaron “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino, que habría operado entre el 2018 y el 2026″.
Como los delitos que les atribuye tienen una expectativa de una pena mínima de ocho años de prisión evaluó que “existen peligros procesales de fuga y entorpecimiento”.
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En su dictamen argumentó que habrían usado varias empresas para emitir facturas a favor de la AFA, con el fin de justificar el motivo del envío de fondos a pesar de haber prestado los servicios declarados en las facturas.
El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar.
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Los procesamientos
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino apelaron los procesamientos en la causa que tiene a cargo el juez en lo penal económico, Diego Amarante.
La imputación en su contra es por la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.
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La causa será revisada por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán analizar los planteos junto con el resto de los recursos presentados.
También apelaron sus procesamientos Cristian Malaspina (actual secretario general de la AFA) y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.
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