Las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada 4/2026 -firmada el 25 de marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales. El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

La reunión fue conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Ambos le solicitaron a la secretaria del cuerpo que informara los distintos proyectos registrados en ese ámbito antes de que el Máximo Tribunal impulsara su iniciativa: 17 expedientes con propuestas de modificación al reglamento presentados por consejeros de la integración actual, y otros 13 de integraciones anteriores.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción. Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200. La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”, e identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

<b>Los que quieren aprobar ya</b>

La postura más contundente a favor de la aprobación inmediata fue la de Jimena De la Torre, vicepresidenta de la Comisión de Selección y representante de la abogacía. La consejera reivindicó su trayectoria en el impulso de reformas -“yo presenté un proyecto integral donde reformaba en su momento el reglamento completo; después volví a presentar otra batería de seis proyectos más”- y celebró que la acordada recoja buena parte de esas iniciativas: “Celebro que el concurso anticipado pase a ser la regla en esta propuesta que nos trae la Corte, celebro también que empiece a fijarnos criterios objetivos, que proponga empezar a autolimitarnos y a exigirnos y autoexigirnos un poco más en materia de transparencia y sobre todo objetividad“. De la Torre fijó su posición con precisión: “Estoy para votarlo en un todo como lo sugirió la propia Corte al momento de presentar la Acordada, donde se dijo que esto es un todo armónico, sistémico”. Y fue taxativa respecto de cualquier intento de modificar el texto antes de su aprobación: “Estoy para aprobarlo sin ningún cambio. Dicho esto, una vez aprobado, y con esta misma mirada de mejora continua, pueden venir las reformas de segunda generación, porque siempre todo es perfectible, incluso esta Acordada”.

César Grau, también representante de la abogacía, adhirió con igual énfasis. Para enmarcar su postura, recurrió al pensamiento del constitucionalista Germán Bidart Campos y a la noción griega de dokimasia, que refiere al mérito como criterio de acceso a la función pública, para señalar que el sistema vigente ha tendido históricamente a su inversa: una “antidokimasia” que consolida lo que denominó, en términos “modernos”, una “casta judicial”. Articuló el debate en torno a cuatro preguntas: quién elige, a quién se elige, cómo se elige y para qué se elige. Sobre el primero de esos ejes señaló una anomalía estructural: de 67 pliegos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. “Algo está fallando: no es que sean las personas que integran el Consejo, el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, afirmó, y recurrió a una imagen bíblica: “Podemos hacer una paráfrasis de Mateo 19,24 y decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un abogado de la matrícula llegue a ser juez”.

Por otra parte, se refirió a la idoneidad como una de las condiciones para ejercer cargos públicos. “Muchos de los que están acá saben y conocen que más de un tercio del Poder Judicial está interpelado con denuncias por muchísimas cuestiones variadas, pero muchas de ellas de esas denuncias son por el mal funcionamiento o su idoneidad deficiente en el desempeño del cargo. Esa es otra cuestión para tener presente. Nuestro sistema judicial es de 1002 jueces, de los cuales hay 650 en actividad, y tenemos más de 250 denuncias en trámite. No estoy diciendo que sean culpables pero sí están interpelados”, apuntó.

<b>Los que piden debate sin firmar a libro cerrado</b>

Lugones trazó desde el inicio el marco desde el que el Consejo abordará la propuesta. Reconoció el peso de la iniciativa pero matizó su alcance: “Primero yo entendía que nos proponían, después entendí que nos sugieren, nos proponen, nos acercan propuestas que supongo que van a ser buenas: son buenas”. Fue categórico, sin embargo, respecto de los tiempos y las condiciones del debate: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado. Esa es mi postura personal en los años que tengo en el ámbito del Poder Judicial, porque quiero saber por qué me van a insultar en la esquina. Cuando uno firma cosas que son complejas tiene que saber cuando lo paren en la esquina por qué firmó y por qué lo están parando”. El juez cerró su intervención con un compromiso de trabajo: “Vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, vamos a intentar tomar mucho de esta reforma y tratar de que esto salga algo muy positivo para el Consejo”.

Vázquez valoró el carácter plural del organismo como una fortaleza para el debate y destacó la envergadura técnica del documento recibido: “Tiene 100 artículos: realmente es un documento de trabajo completo, que aborda un sinnúmero de circunstancias, algunas que ya estaban previstas en el reglamento actual y otras que son de nueva incorporación”. Subrayó que las miradas de los distintos estamentos -magistratura, abogacía, legisladores y academia- son una potencialidad para “generar los consensos que son necesarios para poder avanzar con un reglamento que sea mejor que el que tenemos”. Para dar cierre al encuentro, anunció que se cursarán invitaciones a organizaciones del ámbito judicial para garantizar “el más amplio debate” sobre todos los proyectos sobre la mesa.

A su vez, en representación de los jueces del Poder Judicial se pronunció Alejandra Provítola, quien aportó una perspectiva particular, ya que ella misma transitó los concursos de selección de magistrados como postulante antes de asumir como magistrada y consejera. “Yo misma me he sentado en la entrevista personal ante los consejeros en ese entonces que componían el cuerpo. Yo misma he transitado los procesos de oposición y de mérito de mis antecedentes cumpliendo cada una de las largas etapas que tenemos que transitar quienes desde el Poder Judicial o de la abogacía aspiran al cargo de la magistratura”. Desde esa doble experiencia, señaló que la propuesta de la Corte “emana nada más y nada menos que del corazón de nuestro máximo representante de la Justicia” y que sus considerandos recogen gran parte de los proyectos que los consejeros venían trabajando. Destacó que bajo la gestión actual se aprobaron más de 100 concursos y que la implementación de los concursos anticipados para los fueros nacionales generó una inscripción récord de más de 1.000 postulantes.

Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, aclaró que no integra ninguna de las dos comisiones pero consideró necesario destacar el trabajo institucional realizado en ese cuerpo. Recordó que la OCDE reconoció la implementación de los concursos anticipados como uno de los factores que contribuyó al avance de Argentina hacia la fase cuatro del proceso de ingreso al organismo, y defendió la formación de los magistrados en actividad: “La mayoría de los jueces y de las juezas tenemos una elevada formación porque así lo exige el reglamento: necesitamos ser docentes, tener publicaciones, tener especialización, maestría, doctorado, posdoctorado. Van a encontrar en los jueces personas altamente capacitadas en el Poder Judicial de la Nación”.

El abogado Alberto Maques rechazó la caracterización de la acordada como un mero “disparador” del debate -“si fuera un disparador sería que nosotros estuvimos durmiendo la siesta durante mucho tiempo”- y reivindicó públicamente el trabajo de Vázquez y Lugones al frente de las comisiones. También se mostró reticente a avalar el texto sin realizar análisis previo: “Yo no me voy a comprar una buena iniciativa a libro cerrado, porque creo que todos los proyectos que se mencionaron tienen cosas para armar, amalgamar y poder tener algo que sea notoriamente superior”. Y sobre el apuro que algunos invocan, fue irónico: “La verdad es que yo me preocupo cuando voy a ver a River, vamos perdiendo y no nos queda más tiempo adicionado; lo demás no me apura, me apura el sentido común y el sentido de la responsabilidad”.

<b>Los que piden cautela</b>

El camarista Diego Barroetaveña valoró el efecto convocante de la acordada -“esta Acordada de la Corte evidentemente ha servido como un disparador”- pero se distanció de quienes propugnan su aprobación sin modificaciones: “No estoy tan de acuerdo con la consejera Jimena de la Torre en que esto se tenga que aprobar porque lo leímos muy rápidamente”. El magistrado salió en defensa de los jueces designados bajo el sistema vigente: “Tiene que quedar absolutamente claro que todos los jueces y juezas que vienen desenvolviéndose hasta el presente ocupando cargos en la judicatura son idóneos y legítimos”. Señaló además que la productividad del sistema no depende exclusivamente del reglamento: “Con un mismo reglamento hubo períodos más productivos que otros. Pero esto no obedece a las carencias de los reglamentos en sí, sino más bien a los vaivenes políticos”. Para ilustrarlo, citó cifras concretas: en 2017 y 2018, bajo la presidencia de Miguel Piedecasas, se elevaron 163 ternas; en 2024, bajo la presidencia de Rosatti, casi 100. Identificó como uno de los puntos más delicados del proyecto el sistema de puntuación entre abogados y funcionarios judiciales: “Habría que trabajar sobre eso: cómo evaluamos a un abogado, porque no vaya a ser cosa que el sistema en definitiva conspire contra la idoneidad y el mérito que se pretende”.

Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo Nacional, cuestionó desde el inicio la premura con la que algunos consejeros impulsan la aprobación: “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”. Encuadró la iniciativa de la Corte Suprema como una sugerencia y no como un proyecto formal: “Yo más que proyecto lo veo como un aporte y un consejo -valga la redundancia- que nos ofrece la Corte, pero no un proyecto propiamente dicho, porque no lo vi introducido por ningún consejero hasta el momento”. Fue más explícito al referirse a quienes reclaman una votación urgente: “Veo una ansiedad desmedida en la necesidad de tratamiento urgente y votación urgente que no se condice realmente con las necesidades específicas del Consejo”. Propuso a su vez un orden de prioridades claro: “Hay que hacer un análisis profundo y analizar primero de todo los proyectos que presentaron los consejeros oportunamente, porque son quienes trabajaron en el sistema y vieron efectivamente las deficiencias o las cosas que había para mejorar, y en base a eso tratar todo en conjunto con este nuevo proyecto”.

A su turno, el diputado nacional Álvaro González aclaró que tampoco integraba ninguna de las dos comisiones pero consideró necesario hacer oír su voz para defender el trabajo realizado por el organismo hasta el momento. “Yo vengo a todas las reuniones y sé cómo se trabaja”, dijo.

González también apuntó contra lo que consideró una narrativa injusta sobre el Consejo y sobre las ternas ya aprobadas: “Yo leo, escucho algunas cosas y la verdad me da mucho fastidio, porque decir cualquier cosa en función de que hubo una iniciativa por parte de la Corte no significa que hasta ahora no se haya hecho nada o todo lo que se hizo esté viciado de alguna nulidad”. Recordó que el Consejo había elevado numerosas ternas que el Poder Ejecutivo decidió no enviar al Senado durante un período, y celebró que esa situación haya cambiado. Cerró con una defensa de la institución: “A mí me gusta defender las instituciones donde trabajo, porque si no las defendemos nosotros no las defiende nadie”.

<b>Las advertencias institucionales</b>

Guillermo Tamarit, representante del ámbito académico, respaldó el análisis de la propuesta pero introdujo una advertencia sobre las condiciones en que ese debate se desarrolla. Sostuvo que era necesario alertar sobre “algunas cuestiones que tienen que ver con que esta presentación está en orden a ser llevada adelante bajo sospecha de un conjunto de elementos que hay que presentar arriba de la mesa, porque si no esto va a ser inconducente”. Llamó la atención sobre la aparición de actores que históricamente no habían mostrado interés en el sistema de selección de jueces: “Esta situación ha despertado la sensibilidad de organizaciones y grupos que en mi vida escuché preocupados por casi ningún tema judicial, y muchísimo menos por el sistema de selección de jueces; por lo tanto hay atrás de esto algunas otras cuestiones que también, queramos o no, forman parte de este debate". Marcó además un límite institucional: “Lo que puede pasar es que el Consejo de la Magistratura siga perdiendo sus competencias; para nosotros sí es un límite preservar esta institución de la Constitución".

<b>El saludo de Rosatti</b>

Fue durante los primeros minutos de la intervención de Vázquez que hizo su ingreso al recinto Horacio Rosatti, presidente del Consejo y de la Corte Suprema, quien no integra ninguna de las dos comisiones convocadas. Su presencia constituyó un gesto de peso político: se acercó a saludar, agradeció “la prontitud con la que han tomado este tema” y reconoció que la propuesta de la Corte “tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”. Antes de retirarse para continuar con el día de acuerdo del tribunal, afirmó: “Vamos a trabajar y a trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.