El juez de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las dos sedes más importantes de la AFA, ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Ezeiza, donde está ubicado el predio Lionel Andrés Messi.
Durante los operativos, realizados por Prefectura, las autoridades buscaron los contratos firmados entre la entidad rectora del fútbol argentino y la compañía TourProdEnter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete, que ostenta la representación de los negocios de la Selección en el exterior.
Además, se busca la documentación administrativa contable vinculada a los delitos precedentes investigados, es decir, de dónde salió la plata para comprar la quinta de Pilar, ya que se sospecha que es a partir de esos contratos.
González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros.
La AFA y TourProdEnter
TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.
La firma se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. Según una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe en Campana, existiría una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado por fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares.
En la documentación bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos también hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
Por el presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios. De hecho, en las próximas semanas debería haber una definición de Casación sobre el futuro del expediente.
La definición sobre la competencia
La disputa judicial por la propiedad de la mansión de Pilar está ahora en manos de la Cámara de Casación Penal, que en las próximas semanas definirá si la investigación continuará bajo jurisdicción del juzgado federal de Campana o si retornará al juzgado en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La audiencia para escuchar los argumentos de las partes fue fijada para el 30 de marzo a las 11.30.
El máximo tribunal penal federal aceptó la queja de la fiscalía y revisará la decisión que sacó la investigación por la quinta de Pilar de la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
La investigación se centra en la adquisición de la propiedad de grandes dimensiones ubicada en Pilar, atribuida a la firma Real Central SRL, propiedad de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como imputados en la causa.
De acuerdo con la denuncia, la sociedad no podría justificar el origen de los fondos destinados a la operación inmobiliaria, lo que plantearía la sospecha de que actuó como pantalla para ocultar a los verdaderos titulares: presuntos dirigentes de la AFA. El caso gira así en torno al análisis de la trazabilidad financiera de la operación, en un contexto de posibles vínculos con actividades del fútbol profesional.
El expediente fue remitido a la órbita del juzgado federal de Campana por decisión de Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín. Esta resolución, basada en la ubicación física del inmueble, suscitó la oposición de Aguinsky, juez penal económico de CABA, así como de los fiscales intervinientes, en particular Carlos Cearras, fiscal de San Martín. Cearras elevó la queja ante la Casación al considerar que la decisión carecía de una fundamentación adecuada respecto a la competencia judicial y no respetaba los criterios básicos establecidos para estos casos.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, admitió el recurso de casación y declaró que el mismo había sido “erróneamente denegado”, habilitando así su tratamiento, según Infobae. El tribunal no adelantó una opinión sobre la cuestión de fondo —la competencia—, pero consideró que existen elementos excepcionales que ameritan su intervención temprana, entre ellos la discusión sobre garantías constitucionales como el debido proceso y el principio del juez natural.
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