La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso presentado por la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido para revertir su procesamiento en una causa por presunto fraude al Estado durante la contratación de obras, laboratorios y servicios de producción audiovisual para la Universidad de San Martín (Unsam), vinculados a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t).
El expediente, iniciado en 2016, investiga posibles irregularidades en acuerdos entre la Unsam y el Ministerio de Planificación por más de $300 millones, con un supuesto sobreprecio del 56%, lo que habría generado un perjuicio relevante al patrimonio estatal.
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La decisión del máximo tribunal fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el planteo de la defensa “por falta de sentencia definitiva”. Este rechazo implica que la investigación judicial contra De Vido continuará sin modificaciones, luego de que la Cámara Federal dictara su procesamiento en 2024 al aceptar el pedido expreso de la fiscalía de incluirlo en las maniobras investigadas.
La causa examina si funcionarios responsables de la administración de fondos públicos y particulares implicados vulneraron sus obligaciones y, en connivencia, instrumentaron mecanismos que perjudicaron los recursos estatales.
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Los procesamientos
En marzo de 2024, el juzgado federal 11 ordenó los procesamientos de Luis Alberto Vitullo, exsecretario del Consejo Asesor para el proyecto; Carlos Rafael Ruta, exrector de la Unsam; Raúl Eugenio Pieroni, director de obra designado por la universidad; Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general; así como de Horacio Hernán Pérez y Martín Diego Ramírez de la empresa Urban Baires —responsable de la obra civil— y Domingo Alfredo Simonetta de Sistemas de Video Comunicación.
Las defensas de los acusados y la fiscalía presentaron recursos de apelación. En ese marco, la Sala II de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia parcial de Roberto Boico, confirmó los procesamientos y amplió la imputación a Julio De Vido, quien había sido al inicio sobreseído.
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La resolución señala: “La prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra, incluyendo las instancias en la que se suscribieron las sucesivas adendas. No puede olvidarse que, según la acusación, estos instrumentos se orientaron a ampliar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, constituyéndose en el mecanismo que se empleó para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas”.
De acuerdo con la misma resolución, De Vido es considerado “al menos en esta instancia coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en virtud de la existencia de un pedido expreso de la fiscalía y de pruebas consideradas suficientes por la instrucción.
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Este procesamiento fue apelado por la defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal, que mantuvo la decisión. Posteriormente, la defensa interpuso un recurso extraordinario que se presentó en queja ante la Corte Suprema, que finalmente lo rechazó al concluir que “no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
La continuidad de la investigación contra Julio De Vido y el resto de los imputados marca un nuevo capítulo en las causas vinculadas a la administración de fondos públicos para la implementación de la televisión digital terrestre, con foco en la relación contractual entre el Ministerio de Planificación y universidades estatales como la Unsam.
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