El secretario general de la AFA Cristian Malaspina y su antecesor en ese cargo, Víctor Blanco, reclamaron este lunes ser desvinculados de la causa penal por presunta multimillonaria retención indebida de aportes, porque por su función no tuvieron injerencia en este tipo de decisiones de pago.
Ambos se presentaron a declaración indagatoria en el juzgado en lo penal económico a cargo de Diego Amarante, entregaron escritos sin responder preguntas y reclamaron ser sobreseídos.
Se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85.
Por su parte, el juez en lo penal económico Diego Amarante, a cargo de la investigación, rechazó planteos de nulidad contra su decisión de citar a todos a declaración indagatoria. Para el miércoles está convocado el tesorero Pablo Toviggino y para el jueves el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia.
El planteo fue hecho por la defensa de Tapia, de la AFA y de otros dos imputados y luego se plegaron los restantes.
“Cargo protocolar”
Blanco, ex presidente de Racing, llegó a tribunales y estacionó su vehículo frente a la entrada principal de avenida De Los Inmigrantes 1950. Junto a su abogado Fernando Díaz Cantón respondieron preguntas de los periodistas de manera previa a ingresar al juzgado.
Fue el primero en llegar poco antes de las 1030. El dirigente futbolístico estuvo poco menos de una hora ante el juez Amarante y entregó un escrito donde negó “terminantemente” las acusaciones.
“No tuve a mi cargo ninguna de las funciones vinculadas a la gestión tributaria y previsional de la Asociación del Fútbol Argentino”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae. También remarcó que como Secretario General de la Asociación del Fútbol Argentino no tuvo “injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”.
Patrocinado por Díaz Cantón y por Marcelo Sgro, el dirigente aclaró que coincide con las explicaciones que se dieron desde la AFA en cuanto a que no hubo delito.
En base a ello, -a la hora de ejercer su defensa a nivel personal- remarcó que “aún si errada e injustamente se siguiera afirmando que tales delitos omisivos han ocurrido al menos probablemente, yo jamás podría ser tenido por sujeto penalmente responsable por ellos y, en consecuencia, incluso en tal caso deberé ser sobreseído luego de mi declaración”.
Gran parte de las omisiones pretendidas habrían tenido lugar cuando cesó en su función como Secretario General en diciembre de 2024, argumentó, ante lo cual “por obvias razones, jamás podría ser responsable por ellas”.
También remarcó que “no practicaba ni era informado por quienes las practicaban de ninguna retención de impuestos o aportes o contribuciones previsionales, ni calculaba ni era informado de los cálculos sobre montos retenidos o percibidos, ni acerca de cuándo y cómo debían depositarse en favor de la A.R.C.A”.
Tampoco impartió, según enfatizó, " ni tenía el poder de impartir instrucciones o dar órdenes referidas a esos asuntos impositivos y previsionales". Blanco no operaba clave fiscal y su cargo era “esencialmente institucional y protocolar”, se defendió.
Malaspina deslindó responsabilidades
Cristian Malaspina también entregó un escrito sin responder preguntas. En su caso, ingresó a tribunales por un acceso trasero y pudo evitar la foto en las escalinatas de avenida de los Inmigrantes 1950. Declaró acompañado por su abogado Lucio Simonetti.
Al igual que Blanco, el actual secretario general de AFA deslindó responsabilidades sin mencionar a nadie en particular y en base a que el estatuto de la AFA dispone que " las decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.
En su descargo recordó que está pendiente de resolución un planteo por inexistencia de delito ante la Cámara en lo Penal Económico y que asumió el 3 de abril del año pasado con lo cual no puede responsabilizarse por períodos anteriores a esa fecha.
“La falta de pago de todos esos períodos, al ser previa a mi asunción en el cargo, era una decisión de la asociación previa sobre la que el suscripto carecía de injerencia”, expresó en el escrito de defensa. Al igual que Blanco remarcó que el estatuto de AFA establece que las “decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.
“Mientras dentro de las funciones del presidente están las de celebrar acuerdos, convenios, convenciones, firmar títulos, documentos públicos y privados, contratos, actas, órdenes de pagos, balances, correspondencia y cualquier otro acto o documento de acuerdo con las prescripciones establecidas en este estatuto o reglamentos de la AFA, las funciones y responsabilidades del secretario general no incluyen esa responsabilidad", aclaró.
Además explicó que “en todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General; y en las órdenes de pago será indispensable la firma del Tesorero, tal como lo establece el artículo 45.3 del estatuto".
Planteo rechazado por el juez
Luego de asistir a las declaraciones indagatorias de Blanco y Malaspina, el juez Amarante rechazó por la tarde un planteo de nulidad presentado por las defensas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de Tapia y los demás imputados para dejar sin efecto las citaciones a declaración indagatoria.
Se pretendía suspender las indagatorias hasta que la Cámara en lo Penal Económico resuelva un recurso pendiente sobre la existencia de delito y la validez de la causa penal. Pero Amarante no hizo lugar porque no existe impedimento legal para que la investigación continúe mientras se tramitan planteos, ya que el Código Procesal establece que esas cuestiones deben resolverse por separado.
“El artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las excepciones se sustanciarán y resolverán por incidente separado, ‘sin perjuicio de continuarse la instrucción’, previsión que evidencia la decisión legislativa de evitar que la articulación de planteos incidentales paralice el curso del proceso principal”, sostuvo en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Con esta decisión quedaron en pie las convocatorias a Tapia y Toviggino.
Las defensas argumentaron que el juez avanzó con las citaciones a indagatoria mientras la Cámara aún debe resolver un recurso contra el rechazo de una excepción de falta de acción por inexistencia de delito. Según los abogados, avanzar hacia la indagatoria en ese contexto “consolida una imputación formal mientras se encuentra cuestionada la habilitación jurídica misma del ejercicio de la acción penal”. También cuestionaron que el pedido de indagatoria hubiera sido impulsado por la querella de ARCA y no por el fiscal.
Amarante descartó esos argumentos y señaló que la indagatoria es un acto propio de la etapa de instrucción que no depende de que la discusión sobre la acción penal esté firme. “La interposición del recurso deducido no altera esa eficacia ni comporta, en el régimen vigente, una paralización automática del procedimiento”, afirmó.
“La citación a indagatoria no implica pronunciamiento de mérito ni consolidación definitiva de la persecución penal, sino la apertura de un espacio de contradicción y explicación por parte del encausado”, explicó.
También rechazó el argumento sobre el rol de la querella y recordó que la decisión de convocar a un imputado a indagatoria es una facultad del juez, que puede ejercerla cuando considera que existen elementos suficientes de sospecha.
El turno de Tapia y Toviggino
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA y Pablo Toviggino, el tesorero, declararán también esta semana.
Para el próximo miércoles a las 11 está citado el tesorero de AFA Toviggino y la ronda de indagatorias cerrará el jueves a las 12 con la presencia de Tapia.
El viernes pasado declaró Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA), quien entregó un escrito pero no respondió preguntas.
Según fuentes del caso, Lorenzo negó cualquier vinculación con la falta de pago y detalló el organigrama de la AFA para argumentar que, por las competencias propias de su cargo, su rol es ajeno al área encargada de la liquidación o el depósito de impuestos y contribuciones.
En la causa se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La denuncia fue presentada por ARCA que es querellante en la causa.
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