La tragedia del submarino ARA San Juan, en el que murieron 44 tripulantes, llegará a juicio este martes. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz llevará adelante el debate, que tendrá sentados en el banquillo de los acusados a Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, cuatro altos mandos de la Armada Argentina.
El proceso se desarrollará virtualmente y las familias, repartidas a lo largo y ancho del país, en su mayoría seguirán las audiencias desde sus hogares. Se estima que esta misma semana finalizará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Luis Alberto Colla, que subroga la Fiscalía de Caleta Olivia, y María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas.
Luego se dará lugar a las declaraciones de los acusados. Fuentes del caso adelantaron a Infobae que los jefes militares responderán preguntas para defender su inocencia. Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.
En el estrado del TOF con asiento en Río Gallegos estarán sentados los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. Según prevén los magistrados, el veredicto llegaría a mediados de julio de este año.
Los familiares de los 44 tripulantes se reparten entre dos querellas, una representada por la abogada Valeria Carreras y otra por Luis Tagliapietra, letrado y padre de Alejandro, una de las víctimas.
Las acusaciones particulares llegan al juicio con expectativas dispares. El primer grupo de damnificados mantiene un buen semblante antes del inicio del debate oral, y creen que el proceso le dará un cierre a la tragedia que estas familias lloran hace más de ocho años.
En cambio, los representados por Tagliapietra no comparten esa visión. En primer lugar, no consideran que esté probado acabadamente por qué se hundió el submarino. Y, en paralelo, pretendían que el caso se juzgue en Mar del Plata. Temen que por estas inconsistencias que señalan los acusados terminen absueltos, ya sea en Río Gallegos o en instancias superiores.
El hundimiento
El ARA San Juan partió desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 rumbo hacia Ushuaia. Tras unos días allí, la nave emprendió su última travesía el 8 de noviembre para patrullar las profundidades del mar argentino.
Según la reconstrucción que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, días después el submarino comunicó un ingreso de agua a través de conductos de ventilación. El líquido llegó hasta el tanque de baterías número tres, lo cual ocasionó un cortocircuito inicial seguido por un principio de incendio.
De acuerdo a los registros oficiales, el 15 de noviembre ocurrió una “pérdida repentina de plano” (el descenso descontrolado hacia las profundidades) que desencadenó la implosión del submarino, cuya estructura no podía soportar la presión a más de 600 metros debajo de la superficie.
Múltiples documentos recopilados durante la investigación revelaron que el navío tenía deficiencias operativas antes de partir. Desde que finalizó su reparación integral previa, distintos capitanes informaron desperfectos continuos.
Al zarpar, el ARA San Juan llevaba 26 meses de retraso respecto al intervalo reglamentario exigido para “ingresar a dique seco”, lo que implica sacar al submarino del agua para poder inspeccionar, limpiar y reparar su casco y sus sistemas externos de forma integral.
Dicha falta de mantenimiento programado generó serias restricciones de navegación: la Armada había prohibido que descienda a más de 100 metros.
Para la acusación, a pesar de todas las alarmas que se habían encendido, las autoridades responsables omitieron ordenar arreglos inmediatos o suspender las expediciones del submarino.
Los peritajes técnicos concluyeron que la catástrofe derivó de una cadena de sucesos originada por la filtración de agua mencionada.
El agua de mar sobre las baterías provocó un cortocircuito y un principio de incendio, lo que a su vez generó una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo que se acumuló dentro del submarino.
Tras varias horas de acumulación, el hidrógeno alcanzó un nivel crítico y produjo una explosión interna. Los peritos concluyeron que este estallido neutralizó o incapacitó a gran parte de la tripulación, impidiéndoles realizar las maniobras de emergencia necesarias para salir a la superficie.
En consecuencia, la nave se hundió sin control hasta implosionar por la inmensa presión externa.
El rol de los jefes militares
El fiscal federal Luis Alberto Colla fundamentó su acusación basándose en responsabilidades inherentes a cada cargo militar específico. López Mazzeo se desempeñaba como titular del Comando de Adiestramiento, parte de la cúpula de la fuerza. Según el Ministerio Público, este alto mando no supervisó normativas relacionadas con el resguardo del ARA San Juan.
Por su parte, Villamide era el Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS). Él conocía el vencimiento de garantías preventivas y había recibido un pedido expreso para enviar la nave a reparaciones urgentes, de acuerdo a la acusación.
En cuanto a los demás procesados, Alonso ejercía como Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y, además, actuaba como el reemplazo natural de Villamide. Fue quien firmó la orden operativa que envió al submarino hacia el sur, reemplazando temporalmente a su superior directo. La Fiscalía dio por probado que él sabía sobre las limitaciones de inmersión y los problemas previos de la unidad.
Finalmente, Correa actuaba como director operativo de comunicaciones. Se le recrimina su participación activa al diagramar el ejercicio naval ignorando el estado defectuoso del equipamiento. Además, no habría garantizado un servicio radioeléctrico rápido ni seguro entre el barco y tierra firme.
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