Claudio “Chiqui” Tapia obtuvo autorización judicial para viajar al exterior. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino participará en un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, ente rector del fútbol en Colombia, en Barranquilla, y luego asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro, Brasil. Diego Amarante, juez en lo penal económico, concedió el permiso de salida temporal, autorizando la ausencia del dirigente en la República Argentina entre el 23 al 28 de febrero de 2026.
Autorización y condiciones
Tapia se encontraba impedido de salir del país debido a una medida que busca garantizar su presencia en los actos procesales de una causa por presunta retención indebida de aportes. El magistrado instruyó notificar la restricción migratoria tanto a SIFCOP como al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Dirección Nacional de Migraciones. El tribunal determinó que el viaje no se superpone a las audiencias indagatorias previstas en el expediente.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 evaluó el pedido de la defensa y, el 20 de febrero, dictaminó que procedía la solicitud bajo la caución que el juez estableciera. Para asegurar el sometimiento al proceso, Amarante fijó una fianza de $5.000.000, monto vinculado a la naturaleza económica de los delitos imputados. El depósito debe realizarse electrónicamente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales.
Las exigencias judiciales al dirigente son estrictas. Tapia debe suscribir un acta comprometiéndose a regresar antes de abordar. Durante su estadía en Colombia se hospedará en un hotel de cuatro estrellas en Barranquilla y, en Brasil, en uno de tres estrellas en Barra de Tijuca. La resolución obliga a que, dentro de las 48 horas de su retorno, informe su llegada al país mediante el sistema de gestión judicial LEX100, presentando el comprobante migratorio de ingreso. El incumplimiento derivará en la declaración de rebeldía, la ejecución de la fianza y la inmediata orden de captura.
El origen de la causa
La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000.
Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, involucrando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los acusadores encuadraron los hechos en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía fundamentó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.
El manejo financiero y el rol de los directivos
La querella demostró que la omisión de pagos no se originó en carencias económicas. El análisis contable confirma que la Asociación del Fútbol Argentino recibió $45.072.435.530 en acreditaciones bancarias durante diciembre de 2024 y registró ingresos por $453.449.869.194 en 2025. En el mismo periodo, la conducción directiva estableció múltiples plazos fijos en pesos y dólares. ARCA concluyó que los acusados contaban con “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.
Las declaraciones testimoniales del 10 de febrero mostraron el método interno de pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, mencionaron que los pagos dependían de la instrucción verbal, personal o telefónica del tesorero. Bouvet señaló que su departamento reportaba vencimientos y deuda acumulada, esperando luego la directiva precisa de Pablo Toviggino para generar los volantes electrónicos de pago. Los compromisos se saldaban con fondos de cuentas oficiales del Banco Credicoop, banco cooperativo argentino, requiriendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como responsable único del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.
La querella desestimó la hipótesis de un error administrativo y sostuvo que “la falta de pago durante 19 meses evidencia una acción coordinada de las autoridades”. Las auditorías de balance señalaban deudas fiscales millonarias y llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y validaban esos documentos ante la asamblea.
Panorama judicial
La defensa de Tapia buscó la nulidad de la citación judicial mediante una excepción de falta de acción el 27 de enero de 2026, solicitando el cierre inmediato del expediente. Sostuvieron que las deudas fiscales no eran exigibles legalmente al momento de los hechos, invocando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron temporalmente los juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.
El juez rechazó el pedido de cierre, respaldando los argumentos de ARCA y la fiscalía, quienes sostuvieron que el delito estaba plenamente configurado. La defensa insistió en el sobreseimiento y apeló la decisión antes de la firma de las citaciones. La Cámara Nacional en lo Penal Económico recibió el recurso y deberá resolver el rumbo de la investigación.
El cronograma de audiencias indagatorias se inicia el 5 de marzo de 2026 con Tapia y los abogados representantes de la asociación. El 6 de marzo declararán Toviggino y Gustavo Lorenzo, y el 9 de marzo deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina.
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