La situación judicial de Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó hoy un capítulo clave que podría obligar a revisar los cimientos de la investigación penal en su contra. La Sala II de la Cámara Federal dictó la nulidad de una resolución que había rechazado investigar cómo se inició la causa y le ordenó al juzgado de instrucción que tramite el reclamo de la defensa.
El fallo, firmado este martes por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico (con la disidencia de Eduardo Farah), cuestionó en duros términos que el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, haya descartado in limine (sin darle tratamiento) el planteo de los abogados de Spagnuolo, ignorando una orden anterior del propio tribunal de alzada porteño.
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La teoría del “árbol envenenado” y los audios
La defensa sostiene que existen irregularidades en la “génesis” de la denuncia que disparó el expediente. El planteo, impulsado por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, apunta a desacreditar el material de audio que se utilizó para abrir la investigación, al que calificaron como irregular y presuntamente manipulado.
Según el escrito, los archivos que incriminan a Spagnuolo presentarían fallas técnicas —cortes, ausencia de metadatos— e incluso características que podrían corresponder a voces generadas por inteligencia artificial. Con ese argumento invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, sosteniendo que si la prueba inicial es ilegal, todo el proceso debe caer.
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En diciembre, la Cámara Federal ya había devuelto el legajo al juzgado indicando que se debía “sustanciar el planteo” para “establecer su origen y veracidad”. Sin embargo, el magistrado volvió a rechazarlo al día siguiente sin abrir el trámite correspondiente, argumentando que se trataba de una repetición de planteos ya hechos por otras defensas (como la de los hermanos Kovalivker) y alegando “litispendencia”.
Ahora, los camaristas advirtieron que esa decisión es inválida: “El juez no otorgó sustanciación al planteo de nulidad (...). Hay aquí aspectos que exigen ser analizados previo a cualquier otro asunto”, señalaron en su voto, obligando a que se abra el incidente y se investigue si el inicio de la causa fue legítimo.
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Un procesamiento reciente
La decisión de la Cámara impacta de lleno en un expediente que acababa de tener un avance significativo en sentido contrario. Apenas unas horas antes de este fallo —y justo antes de dejar la subrogancia del juzgado—, el juez federal Casanello había dictado el procesamiento de Spagnuolo y de otros ex funcionarios y empresarios por el delito de defraudación por administración fraudulenta.
La resolución alcanzó a otros 18 acusados y dispuso nuevas declaraciones indagatorias, al tener por acreditado un entramado de corrupción institucional orientado a la adjudicación direccionada de contrataciones públicas. Según el fallo, el esquema incluía sobreprecios y un sistema de “retornos” provenientes de droguerías proveedoras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.
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Para el magistrado, durante la gestión de Spagnuolo la ANDIS habría sido utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito mediante maniobras coordinadas entre autoridades del organismo y operadores externos, que incluían simulaciones en la competencia de precios, vínculos personales y pagos clandestinos.
En la resolución firmada ayer, Casanello describió a Spagnuolo como la máxima autoridad del esquema y señaló a otros presuntos líderes de la asociación ilícita, entre los que figuran Daniel María Garbellini (ex subdirector) y los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. El juez ordenó profundizar la pesquisa y avanzar sobre las estructuras societarias de las empresas involucradas, mientras dispuso embargos millonarios sobre los bienes de los imputados.
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La herencia para el nuevo juez
La combinación de ambas noticias deja un escenario complejo para el magistrado que resulte sorteado este miércoles para hacerse cargo del Juzgado Federal 11, tras la salida de Casanello.
El nuevo juez recibirá una causa con una “doble realidad”: por un lado, tiene procesamientos dictados que validan la investigación de fondo y las pruebas recolectadas sobre la defraudación; por el otro, tiene una orden superior de la Cámara Federal que lo obliga a retroceder y examinar con lupa si las actuaciones se construyeron sobre bases legales o nulas, tal como denuncia la defensa.
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