Los fiscales que investigan una compleja red de delitos dentro del sistema judicial federal de Rosario presentaron formalmente la acusación contra Marcelo Bailaque, quien fue titular del Juzgado Federal N° 4 de esa ciudad. Solicitaron una pena de diez años de cárcel.
El Ministerio Público Fiscal dio por probado que Bailaque fue responsable de orquestar causas falsas, extorsionar a empresarios y recibir sobornos. La presentación judicial, que consta de más de 200 páginas, detalló cómo funcionó esta maquinaria ilícita entre mediados de 2019 y finales de 2024.
Según expusieron los fiscales Diego Velasco (PROCELAC), Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari, la maniobra principal consistió en la fabricación de un expediente penal contra dos empresarios del sector bursátil, Claudio Iglesias y su socio Jorge Oneto. El objetivo de esta operación radicó en exigirles el pago de fuertes sumas de dinero a cambio de no perjudicar su situación procesal ni su libertad.
Para lograr este cometido, el exjuez contó con la colaboración de diversos actores, entre los que figuraron un escribano, un exdirectivo de la agencia de recaudación impositiva y un financista que actuó como intermediario para los cobros.
La génesis de la causa armada contra los empresarios tuvo lugar en agosto de 2019. En aquel momento, Santiago Busaniche, un escribano señalado como operador judicial, le transmitió a Bailaque la intención de iniciar una persecución legal contra estas personas.
Para dar curso a este plan, de acuerdo a la acusación, se utilizó una denuncia anónima que ingresó a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El texto, que carecía de firma y no aportaba pruebas, vinculaba a las víctimas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y con la banda criminal “Los Monos”.
El rol de la AFIP resultó clave en esta etapa. Carlos Vaudagna, quien se desempeñaba como director regional del organismo en Rosario, judicializó la denuncia anónima el mismo día de su recepción.
Los investigadores detectaron una irregularidad horaria que expuso la coordinación previa entre los involucrados: el sistema del juzgado registró la entrada del expediente veinte minutos antes de que la propia agencia tributaria dejara constancia de su recepción oficial. Esta discrepancia temporal constituyó, para la fiscalía, una evidencia irrefutable del acuerdo ilegal.
Una vez que el caso llegó a manos de Bailaque, el magistrado actuó con una “celeridad inusual”. Según reconstruyó la acusación, contrario a su costumbre de delegar las investigaciones en los fiscales, decidió mantener el control del trámite. Ordenó medidas, como el levantamiento del secreto bancario y fiscal, sin contar con indicios reales que justificaran tales acciones. Además, dispuso múltiples allanamientos.
Mientras la presión judicial avanzaba, entró en escena Fernando Whpei. Este empresario, relacionado con el mundo financiero, citó a las víctimas en su oficina del Palacio Fuentes. Tanto él como Vaudagna se convirtieron en imputados colaboradores, por lo que reconocieron bajo juramento múltiples delitos y ayudaron a esclarecer lo ocurrido.
En esa reunión, Whpei les comunicó que él podía “solucionar” sus problemas judiciales debido a su amistad personal con el juez. En ese encuentro exigió la entrega de 200.000 dólares para detener la causa.
El empresario Iglesias accedió a pagar ante el temor de sufrir consecuencias mayores. Efectuó cinco entregas de dinero a lo largo de tres años. El primer desembolso ocurrió en octubre de 2019 por un monto de 40.000 dólares. Posteriormente, durante la pandemia, entregó otros 10.000. En septiembre de 2021, antes de una citación a indagatoria, pagó 85.000 más. Finalmente, en marzo de 2022, abonó 25.000 dólares adicionales.
El total del dinero entregado ascendió a 160.000 dólares. Cuando la víctima decidió no pagar más, el intermediario le advirtió que la capacidad de decisión sobre su futuro seguía en poder del magistrado.
El lavado, la segunda etapa
La investigación del Ministerio Público Fiscal también abarcó el destino de los fondos ilícitos. Los fiscales imputaron a Graciela Martínez Maulion, esposa de Bailaque y empleada del Poder Judicial de Santa Fe. La acusaron de lavado de activos por la adquisición de un terreno en el barrio cerrado Vida de Funes. La mujer habría comprado el lote pagando la mitad de su valor de mercado, utilizando dinero proveniente de las maniobras extorsivas. Por este hecho, pidieron para ella una condena de cuatro años y medio de prisión.
Por su parte, Santiago Busaniche enfrentó un pedido de seis años de reclusión. La justicia lo identificó como el instigador de toda la operación y el encargado de traficar influencias para facilitar el delito. Fue él quien habría presionado para que se realizaran los procedimientos policiales en los domicilios de los empresarios antes de noviembre de 2019.
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