La investigación judicial que busca determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa propiedad en el partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aún tiene definido qué magistrado debe dirigir el proceso. El fiscal general de San Martín Carlos Cearras apeló el fallo que le entregó el caso al Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de que el expediente regrese al fuero Penal Económico.
Cearras está a cargo de la Fiscalía ante la Cámara Federal de San Martín, tribunal que le asignó la competencia al juez de Campana Adrián González Charvay.
El representante del Ministerio Público consideró que el caso debe continuar bajo la órbita del fuero Penal Económico, específicamente en el despacho del juez Marcelo Aguinsky, quien tuvo intervención en la etapa inicial de la pesquisa.
Según el dictamen fiscal, la ubicación geográfica del inmueble investigado no resulta determinante para establecer quién debe juzgar un presunto delito de lavado de dinero, sugiriendo que existen otros elementos de mayor peso para definir esta cuestión.
Este planteo surgió luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, dirimir el conflicto de competencia a favor del juzgado de Campana. El tribunal de alzada, con la firma del juez Alberto Lugones, determinó en esa ocasión que la investigación debía tramitarse en la provincia de Buenos Aires, dado que allí se encuentra la mansión valuada en 17 millones de dólares y la colección de autos y motos de lujo.
El conflicto entre los dos juzgados se originó cuando la defensa de Luciano Nicolás Pantano, presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, solicitó que el magistrado de Campana asumiera el caso, argumentando que los hechos ocurrieron en su jurisdicción.
El juez federal González Charvay aceptó el pedido y le requirió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera de seguir actuando y le remitiera el expediente. Sin embargo, Aguinsky rechazó este planteo, lo que generó una contienda que debió resolver el tribunal superior de San Martín.
Para fundar su postura de mantener el expediente en la Capital, el magistrado del fuero Penal Económico sostuvo que el delito precedente al lavado de activos sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. Argumentó que, dado que la sede social de la entidad deportiva se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “centro de maniobras” estaba en esa jurisdicción y no en Pilar. Asimismo, remarcó la especialidad de su fuero para tratar delitos complejos contra el orden financiero.
En sus respectivos dictámenes, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y su par de Campana, Sebastián Bringas, también habían opinado que la investigación le correspondía al juzgado con asiento en CABA.
A contramano de esas posturas, la resolución de la Cámara de San Martín que ahora apeló el fiscal Cearas enfatizó que los movimientos patrimoniales se concretaron en Pilar. El fallo describió que la investigación abarca no solo el inmueble, sino también una serie de bienes de alto valor situados en el mismo lugar, tales como automóviles de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto.
Otro punto relevante que consideró el juez Lugones para enviar la causa a la provincia fue el cambio de domicilio de la AFA. El fallo señaló que la entidad inscribió registralmente una nueva dirección en la localidad de Pilar en noviembre del año anterior.
Sin embargo, el recurso presentado recientemente por el fiscal Cearras objetó también el procedimiento utilizado para resolver este conflicto. El representante del Ministerio Público señaló que la Cámara de San Martín no debió haber tomado la decisión sobre la disputa entre jueces de distintas jurisdicciones. A su criterio, el Código Procesal Penal indica que la resolución correspondía al tribunal superior del juez que tenía la causa previamente, es decir, la Cámara en lo Penal Económico.
El fiscal advirtió que el territorio no puede ser el único factor para asignar una causa de lavado, ya que se trata de delitos que muchas veces trascienden fronteras físicas inmediatas.
La Cámara Federal de San Martín deberá decidir si acepta el recurso y lo eleva a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de que se rechace la apelación, el fiscal general tendrá la opción de acudir directamente ante Casación mediante una queja para intentar que se revise la asignación del juzgado.
La investigación
La Justicia busca dilucidar si efectivamente se utilizaron sociedades comerciales como “pantalla” para adquirir los bienes en Villa Rosa y si el dinero provino de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino, tal como sostienen las denuncias originales.
Las últimas medidas que se conocieron, a cargo del juez González Charvay, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron adelante procedimientos en el aeropuerto de San Fernando.
Requisaron el hangar de la empresa Flyzar e incautaron documentación que había sido requerida el pasado viernes por la Justicia federal, con el fin de obtener órdenes de vuelo y registros de pasajeros de los helicópteros que estuvieron en la mansión de Pilar.
Cuando declararon ante el juez Aguinsky, los pilotos de las aeronaves aseguraron bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Para justificar los frecuentes aterrizajes en la quinta de Villa Rosa, alegaron que simplemente realizaban “vuelos de entrenamiento”, una versión que generó dudas en los tribunales dado el costo operativo de mover ese tipo de aeronaves sin pasajeros.
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