Un informe advierte que la Justicia Federal opera sin autoridades titulares y con un tercio de sus cargos vacantes

De acuerdo a un informe elaborado por Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Justicia federal atraviesa una situación de “extrema gravedad institucional”, ya que sus principales organismos funcionan sin autoridades titulares o con asientos cubiertos de manera interina y con un nivel estructural de vacantes judiciales que alcanza a un tercio de los cargos. El diagnóstico fue difundido este lunes como una "alerta pública" tendiente a analizar las causas del fenómeno, sus consecuencias institucionales y las posibles vías de mejora.

En palabras del documento, con “el fin del mandato de la Defensora General de la Nación -Stella Maris Martínez-, las cabezas de los cuatro organismos que componen el sistema de justicia federal, junto con otros dos directamente vinculados a su funcionamiento, se encuentran hoy vacantes, interinas o en una situación irregular”. A ese cuadro agregó “un dato estructural alarmante: uno de cada tres cargos de jueces, fiscales y defensores federales se encuentra vacante”.

La advertencia fue elaborada por el centro de estudios especializados, activo desde 1989 y presidido por el jurista Alberto Binder, que desarrolló un relevamiento integral sobre el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y de los ministerios públicos, con foco en la continuidad institucional, la cobertura de puestos relevantes y la capacidad operativa del sistema.

El texto se encargó rápido de aclarar un punto a la hora de iniciar su análisis: “El proceso de acefalía no es nuevo ni repentino”. Allí se dedicó a mencionar distintos casos que tejieron un “deterioro sostenido” a lo largo de más de una década, con vacancias prolongadas e interinatos extendidos. El primer antecedente identificado fue el de la Defensoría del Pueblo de la Nación, vacante desde 2009. A ese caso se sumó la Procuración General de la Nación, cubierta por el procurador Eduardo Casal de modo interino desde 2018.

El estudio también mencionó la situación de la Corte Suprema de Justicia, que “se encuentra integrada por solo tres de los cinco miembros que le corresponden”, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y de Juan Carlos Maqueda en 2024. En ese mismo año, recordó el INECIP, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba al Consejo de la Magistratura desde 2006 y otorgó al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva norma.

“Desde entonces -continuó el análisis- han transcurrido 1.873 días: más de quince veces el plazo fijado por el máximo tribunal, sin que el Congreso haya cumplido con su obligación constitucional. En consecuencia, el Consejo continúa funcionando bajo una ley derogada hace exactamente veinte años y, de manera paradójica, se encuentra presidido por el propio presidente de la Corte Suprema, quien asumió ese rol en virtud de un fallo dictado por el tribunal que integra".

El relevamiento incluyó el caso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cuyo titular Francisco Mugnolo falleció en 2023 tras ejercer desde 2000 el puesto de manera transitoria a pesar del proceso de designación contemplado en una ley orgánica dictada en 2003. Además, señaló que con el vencimiento del mandato este domingo de la defensora Stella Maris Martínez, “se produjo el ‘cartón lleno’”, en tanto “el sistema de justicia federal quedó completamente privado de autoridades titulares en todos sus órganos centrales”.

Un párrafo después, el centro de estudios abordó el problema de “los cargos inferiores, con un 33% de vacantes en el Poder Judicial de la Nación y más del 40% en el Ministerio Público Fiscal”. Este cuadro, advirtió el escrito, “se agrava por prácticas que erosionan aún más la capacidad del sistema: jueces y juezas que, pese a registrar graves retrasos en sus propios juzgados, aceptan una o más subrogancias en otros tribunales para percibir los correspondientes incentivos salariales, o que incluso desarrollan actividades incompatibles con la función judicial, como integrar tribunales de disciplina de la AFA, o desempeñar tareas docentes o personales impropias de un contexto de emergencia judicial“.

Y aseveró: “En este escenario, la ética judicial carece de controles externos efectivos y se encuentra sometida a un profundo desorden interno".

En el apartado dedicado a las causas, el documento subrayó que la responsabilidad era “colectiva” porque no podía endilgársele “a un partido en particular”. “Se trata de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de más de una década, atravesando cuatro gobiernos de distintos signos políticos“, expresó, y llamó a “toda la dirigencia política, en su justa medida”, a “asumirla y hacerse cargo de revertirla”.

Entre los factores centrales, se identificó la persistencia de estrategias de nombramientos judiciales que no se adaptan a un escenario de creciente “polarización política y atomización parlamentaria”. Según el informe, los gobiernos de turno se dedicaron a implementar maniobras para imponer “candidatos propios”, muchas veces sin capacidad real de generar consensos amplios. A ello se suma, añadió, una “tendencia regional preocupante” en la que los esquemas judiciales “se han convertido en campos de disputa de poder, no solo entre partidos políticos, sino también entre corporaciones económicas, organizaciones criminales y distintos grupos sociales, algunos de ellos legítimamente interesados en ser oídos”.

“En ese contexto -advirtió el informe-, los procesos de designación se tornan más complejos, con múltiples actores e intereses en juego, y la vieja estrategia de la imposición pierde toda viabilidad”.

El documento pasó luego a enumerar distintas consecuencias institucionales vinculadas al “sistema judicial acéfalo“. La primera dio cuenta de la posibilidad de un “poder sin control”, en el que las decisiones políticas o económicas quedan habilitadas para ejercerse “sin límites ni controles efectivos”, cuya lógica “profundiza las desigualdades sociales y habilita la vigencia de la ley del más fuerte, en la que quienes cuentan con mayores recursos logran imponer sus intereses sin contrapesos”.

“Un ejemplo de ello es la falta de respuesta de la Corte Suprema frente a la utilización abusiva y sistemática de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo”, mencionó la organización no gubernamental dedicada -según su web- a “contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y el Caribe”.

La segunda consecuencia señalada se refirió a la impunidad del crimen de alto impacto. Según la alerta, un Poder Judicial federal debilitado se vuelve “incapaz de perseguir eficazmente los delitos más graves que afectan a la sociedad”, a saber, la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad económica, entre otros.

En ese marco, la entidad aseveró que la “ausencia de un Procurador General legitimado para diseñar e implementar una política de persecución penal estratégica constituye, en este sentido, una excelente noticia para los mercados ilegales y las organizaciones criminales”.

A su vez, el texto alertó que el fenómeno descripto era capaz de impactar también en la seguridad jurídica y en los objetivos de inserción internacional, acceso a los mercados y cumplimiento de estándares exigidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, en tanto “la debilidad judicial no es compatible con el desarrollo económico ni con la inserción internacional".

Para salir de esta suerte de bloqueo institucional, el documento planteó como primera condición la necesidad de postular “candidaturas intachables e insospechables”, al advertir que el reparto de cargos entre fuerzas políticas se volvía inviable cuando las personas propuestas no reunían la “idoneidad, trayectoria, integridad, perspectiva de género y compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos necesarios para el ejercicio de su función”. En un contexto de fragmentación legislativa, señaló que resultaba imposible alcanzar mayorías para cargos de enorme poder y duración prolongada “si los candidatos generan sospechas razonables de incompetencia, sumisión política o potencial sometimiento frente a intereses espurios, incluidos, como se observa en la región, los del crimen organizado“.

Como segunda condición, el informe sostuvo que la única vía para lograr designaciones con legitimidad suficiente era la implementación de “procesos transparentes, abiertos y participativos”, capaces de despejar dudas y generar consensos en torno a las postulaciones. En ese sentido, sugirió que intentar lo contrario ya no podía ser leído “como una práctica tolerable de ‘rosca política’, sino como la persistencia necia en herramientas obsoletas que vienen fracasando desde hace más de una década". Desde la sociedad civil, aseguró el texto, “nos comprometemos a apoyar activamente estos procesos y a monitorear su cumplimiento, conforme a las reglas mínimas de una democracia saludable”.

Luego concluyó: “Las recientes renuncias y suspensiones de jueces federales vinculados al crimen organizado demuestran que el punto de no retorno que ya atraviesan otros países de la región no se encuentra tan lejos. La dirigencia política debe demostrar que está a la altura de las circunstancias”.