Un acusado en la causa Potenciar Trabajo intentó quedar fuera de la investigación pagando una suma multimillonaria

Uno de los acusados por supuesto desvío de fondos públicos del Plan Potenciar Trabajo, una causa en la que ya fue enviado a juicio el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni, intentó pagar una multimillonaria suma de dinero a cambio de quedar fuera de la investigación. Se trató de un ofrecimiento de reparación integral del daño hecho por Leandro Kebleris, procesado como supuesto partícipe necesario de las maniobras de desvío de fondos públicos a raíz de la emisión de dos facturas que según la acusación fueron falsas y sirvieron para justificar gastos inexistentes con fondos públicos.

Sin reconocer la culpa, intentó evitar ser enviado a juicio por el juez federal Sebastián Casanello ofreciendo pagar 87.963.534 millones de pesos para extinguir la acción penal. El magistrado rechazó el ofrecimiento en sintonía con la fiscalía y las querellas.

Kebleris se encuentra procesado como partícipe de supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, una decisión ya confirmada por la Cámara Federal e integra una segunda tanda de acusados en camino a ser enviados a juicio. El Tribunal Oral Federal 8 ya prepara el debate oral en el tramo principal del expediente contra Belliboni y otros 15 acusados.

Facturas truchas

Según la causa, fue uno de los administradores de la empresa Coxtex S.A., utilizada para emitir facturación apócrifa presentada ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social. En octubre de 2021, la firma emitió dos facturas por un total de $5.459.418 a favor de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor, que fueron rendidas como gastos del programa Potenciar Trabajo. De acuerdo con la acusación, esos fondos habrían sido desviados hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

En noviembre pasado, luego de que la fiscalía y las querellas solicitaran la elevación a juicio de esta parte del caso, la defensa ofreció pagar la reparación integral. La propuesta contemplaba la transferencia inmediata de más de $14 millones ya embargados y el pago del saldo en doce cuotas mensuales con intereses.

La fiscalía, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, que actúan como querellantes, se opusieron al acuerdo. El Ministerio Público sostuvo que la maniobra investigada involucró a múltiples personas y hechos, por lo que “no resultaría admisible fragmentar la valoración del daño ni abordarlo aisladamente respecto de un solo interviniente”.

Salida privatizadora

Al analizar el planteo, Casanello sostuvo que el caso no podía ser abordado como un conflicto de naturaleza privada. “No se trata de un simple conflicto intersubjetivo cuyas pretensiones puedan satisfacerse mediante una prestación económica, sino que afecta bienes jurídicos de carácter supraindividual que corresponden a la sociedad en su totalidad y que de ningún modo pueden considerarse reparables a través de una mera prestación de carácter económico, por elevada que sea”, señaló.

La conducta atribuida a Kebleris permitió el uso indebido de recursos estatales asignados a una política pública. En ese sentido, el juez indicó que su intervención “posibilitó el desvío de una parte de los fondos públicos asignados por el Estado Nacional en el marco del Programa Potenciar Trabajo, los que fueron finalmente aplicados a un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez agregó que ese accionar frustró la finalidad del programa social, orientado a “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y a la generación de propuestas productivas y educativas tendientes a lograr la inclusión social plena y la autonomía económica de personas en situación de alta vulnerabilidad”.

“La naturaleza penal del conflicto descripto contiene un marcado componente público" e “imposibilita la aplicación de una salida privatizadora que eche por tierra sus fines”, afirmó.

También advirtió sobre las consecuencias institucionales de aceptar una reparación económica en este tipo de delitos. Según expresó, hacer lugar a la propuesta “implicaría comunicar que, independientemente del delito que se trate —incluso aquellos cometidos contra el propio Estado Nacional—, quien tiene dinero puede poner fin al proceso penal a través del pago de una suma monetaria”.

El futuro juicio

Otro de los argumentos centrales fue el estado procesal de la causa. El juez recordó que el tramo principal del expediente ya fue elevado a juicio oral respecto de otras 16 personas, entre ellas el líder del Polo Obrero, Belliboni.

Con esta decisión, Casanello rechazó el acuerdo reparatorio y quedó en condiciones de resolver sobre el envío a juicio de este segundo tramo del caso. La causa investiga un presunto esquema de desvío de fondos públicos a través de distintas empresas que habrían emitido facturas falsas para simular gastos por parte de referentes del Polo Obrero.

Belliboni ya fue enviado a juicio procesado por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y, además, la Cámara Federal porteña añadió otras dos figuras penales, “amenazas coactivas” y “extorsión”.

La Justicia consideró que hay evidencia del “desvío de los fondos públicos asignados” al Polo Obrero y a una cooperativa “El Resplandor” mediante convenios del programa “Potenciar Trabajo”. Este dinero se habría destinado a financiar actividades de diversa índole. Según la acusación, hubo exigencias a los beneficiarios del Programa “ajenas a lo pactado” y a cambio de no perder la ayuda estatal “.