El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz aprobó un esquema de aumentos salariales escalonados para el Poder Judicial local que acumulará subas de entre el 38% y el 42% hasta octubre de 2026, y que —según estimaciones oficiales y sindicales— llevará los ingresos de algunos de los magistrados que firmaron la resolución a más de 20 millones de pesos mensuales, e incluso hasta 24 millones, de acuerdo con la antigüedad en el cargo.
La decisión, formalizada mediante una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025, a horas del inicio de la feria judicial, generó un fuerte rechazo del gobierno provincial y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó expresamente que el aumento no se aplique y que no se ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiarlo.
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Según cálculos oficiales y considerando los montos totales efectivamente percibidos, los salarios de los vocales del Tribunal Superior pasarán de valores cercanos a entre $11 y $16 millones en diciembre de 2025 a cifras que oscilarán entre $17 y casi $24 millones en octubre de 2026, con incrementos acumulados de hasta 7 millones de pesos por magistrado.
Quiénes firmaron y el contexto político
La resolución lleva la firma de los jueces Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. No fue avalada por el quinto integrante del tribunal, Daniel Mariani, ni contó con la intervención de los cuatro nuevos vocales designados por el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial.
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La exclusión de estos últimos se produce porque, el 18 de diciembre, Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña declararon inconstitucional la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros, una decisión que ahora debe ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos mismos magistrados también se habían negado durante meses a pagar los sueldos de los jueces designados a propuesta del gobernador Claudio Vidal.
En los fundamentos, el TSJ justificó el aumento en criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y sostuvo que los salarios judiciales no pueden alejarse de manera “grosera” de los que perciben magistrados de otras provincias y del orden federal. Para ello, citó fallos de la Corte Suprema sobre intangibilidad salarial e independencia del Poder Judicial, y señaló que la medida está contemplada en el anteproyecto de Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.
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El fuerte rechazo de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula del Poder Judicial y estimó que el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual, llevando los salarios a más de 21 millones de pesos mensuales.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que “no se trata de una decisión del Ejecutivo ni de una negociación colectiva: los jueces se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”.
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ATE afirmó que el aumento debe quedar sin efecto y señaló que “este aumentazo debería darles vergüenza. Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”.
El gremio también cuestionó que los magistrados no tributen Impuesto a las Ganancias y denunció “una justicia enquistada, que no rinde cuentas a nadie y que, aun así, se asegura aumentos superiores al 50% anual”.
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Pedido para frenar los fondos
ATE exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar el aumento salarial dispuesto por el TSJ.
“Los recursos públicos deben tener una prioridad clara: recomponer los salarios de las y los trabajadores estatales, garantizar servicios públicos de calidad y atender las urgencias sociales de la provincia”, sostuvo el sindicato, que reclamó además poner fin a lo que definió como una “justicia corporativa y elitista”.
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La polémica por los sueldos judiciales suma así un nuevo capítulo al enfrentamiento entre los poderes del Estado en Santa Cruz, en un contexto de fuerte tensión política e institucional y con la ampliación del Tribunal Superior todavía pendiente de definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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