El juez Sergio Ramos, como subrogante del Juzgado Federal 6, le concedió el arresto domiciliario a Facundo Leal, el ex titular de ARSAT y ORSNA procesado por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, tras haber hallado en su casa cocaína y drogas sintéticas. El fiscal federal Guillermo Marijuan había dictaminado a favor de otorgarle el beneficio.
Según consta en la resolución a la que tuvo acceso Infobae, Leal seguirá sometido a proceso, con monitoreo a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. El traslado se concretó a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, tras permanecer dos meses detenido en dependencias de la Policía Federal.
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La defensa del ex funcionario había solicitado la excarcelación y, en forma subsidiaria, el “arresto domiciliario con sujeción a un tratamiento interdisciplinario en salud y adicciones”. Por su lado, un informe del Cuerpo Médico Forense constató un cuadro de dependencia y recomendó asistencia específica.
El magistrado hizo lugar al arresto domiciliario constituyéndose como garante su pareja, Julieta Griffa Berro, e imponiendo “la prohibición de ausentarse del domicilio indicado, quedando sólo autorizado su egreso, en forma excepcional, por razones de urgencia médica”.
En este sentido, cada vez que deba salir de su casa por una emergencia o un turno médico deberá ser notificado al tribunal a fin de contar con la autorización pertinente.
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La causa por drogas se inició después de un allanamiento en su departamento de Palermo, donde se encontraron USD 650.000 en efectivo, monedas de seis países, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.
La investigación se radicó primero en los tribunales federales de San Isidro, donde el juez Lino Mirabelli también lo indagó por presunta corrupción en ARSAT. Finalmente, se declaró incompetente en el caso de las drogas por una cuestión de jurisdicción territorial, y el expediente pasó por sorteo al Juzgado Federal 6 de Comodoro Py.
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La defensa de Leal había presentado certificados médicos para sostener que las sustancias eran para consumo personal, al tiempo que rechazó la imputación por tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización.
La opinión del fiscal
El fiscal Guillermo Marijuan dictaminó que debía hacerse lugar al pedido de arresto domiciliario porque entendió que la calificación por la que está procesado “luce endeble”.
Asimismo, consideró que “nos encontramos frente a una persona que tiene una adicción a los estupefacientes y no se lo ha investigado por la figura escogida de tráfico de drogas. Como tampoco nos encontramos frente a una cantidad significativa de material psicotrópico”.
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Marijuan agregó que “se desprende que nadie ha referido sobre actos ilícitos de esta naturaleza -y otros argumentos que no vienen al caso- en el análisis que estoy efectuando, pero que indefectiblemente deberán en lo inmediato tener que reforzarse inevitablemente, si no tendrá que escogerse una figura penal más benigna, que contempla precisamente los casos”.
Finalmente indicó que “nos encontramos en la encrucijada con una persona adicta con síntomas y manifestaciones de ansiedad y abstinencia a quien el Servicio Penitenciario Federal no puede brindar la asistencia médica y psicológica según los `criterios de exclusión` detallados en el `Reglamento Único de Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación de Drogadependientes`”.
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Tres causas
Facundo Leal quedó involucrado en tres causas judiciales: la primera vinculada a su paso por ARSAT; la segunda investigación surgió de un allanamiento donde encontraron drogas en su casa; y el tercer expediente se basa en una denuncia por supuestas irregularidades en la administración del ORSNA.
El caso de ARSAT evalúa presuntos hechos de corrupción en contrataciones, que fueron descubiertos luego de un robo detectado en un predio de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de la empresa estatal. Leal fue indagado la semana pasada y rechazó con un escrito las imputaciones.
En la denuncia por su gestión en el ORSNA, se analiza un supuesto esquema delictivo para llevar adelante en contrataciones, con desplazamientos de personal de carrera y concentración de obras.
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