Una encuesta entre abogados expuso críticas al desempeño y a la lentitud del sistema judicial

Un informe basado en una encuesta a abogados que litigan en los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires reveló que más del 75% afirmó haber detectado situaciones de mal desempeño judicial y que el funcionamiento general del sistema recibe una calificación promedio de 5 sobre 10, según un relevamiento difundido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

El trabajo, titulado “El funcionamiento de la Justicia: una mirada desde la abogacía”, recoge percepciones de profesionales del derecho sobre distintos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial y tuvo como propósito “obtener insumos que nutran y complementen los diagnósticos construidos por organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, y así aportar evidencia para diseñar propuestas de reforma que fortalezcan nuestros tribunales y potencien el acceso a la justicia”.

La encuesta fue anónima, autoadministrada y voluntaria, y el cuestionario incluyó 47 preguntas organizadas en cinco ejes temáticos: tiempos procesales, desempeño de jueces y juezas, calidad de las sentencias, comunicación con los juzgados y tribunales, y regulación de honorarios profesionales. También incorporó dos preguntas generales sobre satisfacción con el sistema judicial e independencia judicial. El relevamiento fue difundido a través de canales digitales y recibió respuestas entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de este año. El análisis se realizó sobre la base de 2.118 respuestas válidas.

El dato más crítico del estudio, al que tuvo acceso Infobae, refiere a la detección de situaciones de mal desempeño judicial. Más del 75% de las personas encuestadas afirmó haber observado este tipo de conductas en su experiencia como letrados. Entre quienes reportaron irregularidades, las situaciones más frecuentes fueron las demoras excesivas en la tramitación de causas (77,7%), la falta de aplicación de la ley (38,1%) y la parcialidad en las decisiones (37,9%). El cuestionario permitió marcar más de una opción, por lo que los porcentajes no son excluyentes.

Pese a la magnitud de estas percepciones, las denuncias formales fueron excepcionales. Solo el 3,5% de quienes afirmaron haber detectado casos de mal desempeño dijo haber presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Entre quienes optaron por no hacerlo, el 59% indicó su desconfianza en que las denuncias sean investigadas o respondidas adecuadamente.

En cambio, el 44% señaló haber presentado una queja o reclamo dentro del mismo expediente judicial. Además, el 35,5% declaró no haber adoptado ninguna medida, principalmente por considerar que “no conduciría a nada” (48,3%) o por temor a “sufrir represalias dentro de la misma causa” (23,9%).

En cuanto a la evaluación general del sistema, la mayoría de los encuestados evitó posiciones extremas. Al calificar su nivel de satisfacción en una escala del 0 al 10 -donde 0 equivale a “muy insatisfecho” y 10 a “muy satisfecho”-, el promedio y la mediana se ubicaron en 5, lo que, según el informe, “deja un amplio margen de mejora”. Las valoraciones variaron según el modo de ejercicio profesional: los abogados del Estado mostraron evaluaciones relativamente más favorables, mientras que quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil exhibieron una mirada más crítica.

Las percepciones sobre la independencia judicial también reflejaron moderación, aunque con una inclinación a la desconfianza. Ante la pregunta sobre el nivel de independencia esquema judicial, medido en una escala de 0 a 10, la mediana fue de 5 y el promedio de 4,6. De acuerdo con el trabajo, “predominaron visiones moderadas, aunque con una tendencia a la desconfianza”.

Otro de los ejes con mayor nivel de críticas fue el de los tiempos procesales. Más del 75% de las personas encuestadas calificó los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos”. Entre quienes perciben demoras, el 64,6% las atribuyó a la falta de eficiencia del personal judicial y el 42,9% a deficiencias organizativas dentro de los juzgados.

Solo el 3,7% consideró que la tramitación es “ágil” o “muy ágil”. Dentro de ese grupo, el 67,1% lo atribuyó a una buena organización interna y el 49,4% a la eficiencia del personal.

En ese marco, el documento señala que la percepción de lentitud se incrementa con los años de ejercicio profesional: entre quienes ejercen desde hace menos de cinco años, el 65,7% valoró negativamente los tiempos, mientras que entre quienes tienen más de 20 años de experiencia esa proporción ascendió al 80%.

Por fuero, las valoraciones más agudas se concentraron en el Laboral, el de la Seguridad Social y el Civil y Comercial Federal, donde el 89,5%, el 84,4% y el 82,3% de los consultados, respectivamente, calificaron los plazos como lentos o muy lentos.

Las demoras también fueron señaladas en relación con las medidas cautelares. El 58,6% de quienes solicitaron este tipo de resoluciones consideró que los plazos de decisión son excesivos, frente a un 41,4% que los evaluó como apropiados. Esta evaluación fue particularmente marcada en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral nacional, donde el 100%, el 63,6% y el 63,5% de los abogados que litigan en esos ámbitos, respectivamente, señalaron demoras excesivas.

En contraste con las críticas a los tiempos y al desempeño, la medición sobre la calidad de las sentencias fue más moderada. El 45,8% calificó la calidad de los fallos como regular, mientras que cerca del 40% eligió opciones favorables (“buena” o “muy buena”). Algo más del 15% expresó una valoración negativa.

El estudio, por lo demás, también reflejó un extendido descontento respecto de la regulación de honorarios profesionales, ya que más del 40% de los letrados estimó que los montos se fijan por debajo de los parámetros legales en todos los fueros. Los socios de estudios jurídicos (48,2%), los abogados independientes (47,6%) y los representantes de organizaciones de la sociedad civil (46,2%) concentraron las mayores coincidencias con esta afirmación.

Con todo, ACIJ y el CPACF advirtieron que el relevamiento presenta "limitaciones metodológicas" y que sus resultados “no son representativos del universo total de profesionales que litigan ante la Justicia nacional y federal con asiento en CABA”, al tratarse de una encuesta voluntaria difundida por medios digitales.

Pese a ello, destacaron que “esta primera aproximación a las perspectivas de abogados y abogadas es imprescindible para agudizar y fortalecer las propuestas de reforma que desde ACIJ y el CPACF hacemos como parte de nuestro trabajo diario en pos de una Justicia de calidad”.

<b>La mirada de las entidades que impulsaron el relevamiento</b>

Al presentar los resultados del relevamiento, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que del estudio “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios, aspecto por el que el Colegio Público reclama insistentemente”.

Además, subrayó que “la justicia es muy importante en una democracia constitucional, los poderes políticos tienen que entenderlo, y trabajar junto a jueces, juezas, abogados y abogadas en el fortalecimiento de su adecuado funcionamiento”.

En relación con uno de los principales focos de críticas que se exhibe en el documento, vinculado a los tiempos procesales, Gil Lavedra consideró que “hay soluciones técnicas para eso, sin perjuicio de la increíble omisión del Ejecutivo respecto del 40 por ciento de las vacantes, que impide que el sistema funcione”.

Finalmente, Gil Lavedra señaló que “hay que mejorar también la opinión sobre la calidad de las resoluciones judiciales” y concluyó que, “con las limitaciones de todo relevamiento de opinión, la consulta a la abogacía sobre el funcionamiento de la justicia que hicimos con ACIJ revela que tenemos que seguir trabajando muy fuerte para fortalecerla”.

Por su parte, la codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Celeste Fernández, expresó que “la voz de abogadas y abogados es clave para repensar nuestro sistema de justicia: sus fortalezas, sus debilidades, sus desafíos y las áreas de mejora que deben considerarse prioritarias”, y remarcó que “el Poder Judicial solo podrá cumplir su misión si se dispone a escucharlas”.