En una actividad realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, presidió un acto donde expuso un balance de su último año al frente de la institución que agrupa a casi 90.000 abogados matriculados. Acompañado por las más de diez agrupaciones que respaldaron su gestión, el ex diputado nacional hizo hincapié en la necesidad de “defender a la abogacía” y “elevar la voz institucional” de la entidad.
En efecto, Gil Lavedra agradeció el apoyo recibido durante su mandato y sostuvo que, al asumir la conducción, uno de los principales desafíos fue “defender a la abogacía”, elevar los estándares de capacitación profesional y “modernizar” el funcionamiento de la institución, además de “elevar la voz institucional” frente a los poderes del Estado.
Entre los principales hitos de su gestión, el titular del CPACF destacó la actualización automática de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, una decisión que impacta directamente en los honorarios profesionales. También recordó que, en dos oportunidades, el Gobierno nacional impulsó iniciativas tendientes a desregular o eliminar la matriculación obligatoria de los abogados.
“Tuvimos que hacer gestiones, incluso con integrantes del propio gobierno, y tanto en diciembre de 2023 como ahora conseguimos que esos cambios no se incorporaran a los proyectos de ley”, señaló Gil Lavedra al advertir sobre lo que consideró intentos de afectar el ejercicio profesional y la autonomía del Colegio.
En ese mismo sentido, el presidente del CPACF se refirió a las discusiones en torno a las incumbencias profesionales, particularmente los proyectos vinculados a sucesiones notariales y divorcios administrativos. Según explicó, a comienzos de 2024 mantuvo reuniones con los presidentes de todos los bloques legislativos para advertir sobre los riesgos de avanzar con esas reformas.
“Las sucesiones notariales eran para beneficiar a los escribanos, pero no tenía ninguna ventaja apreciable; y los divorcios administrativos tenían inconvenientes serios en materia de lesión de derechos para el cónyuge más débil”, precisó.
En el plano interno, Gil Lavedra destacó una serie de medidas orientadas a la eficiencia administrativa y al orden presupuestario. Entre ellas mencionó la reducción del 20% del personal propio del Colegio, ajustes en los procesos de licitación y una reorientación del gasto. También resaltó las obras de remodelación de las salas profesionales en los edificios judiciales de Retiro, así como la ampliación de aulas y la creación de nuevas áreas de coworking en la sede central del CPACF.
El acto contó con la presencia de autoridades de la institución y del ámbito judicial y académico. Acompañaron a Gil Lavedra el vicepresidente del CPACF, Carlos Más Vélez; el secretario general, Martín Casares; el secretario adjunto, Alberto Biglieri; la presidenta de la Asamblea, Florencia Tauz; el titular del Tribunal de Disciplina, Diego Dedeu; y la coordinadora Legal y Técnica, Alejandra García, entre otros.
También asistieron funcionarios y referentes del ámbito jurídico, como el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Halperín; el consejero de la Magistratura porteña Marcelo Meis; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta; y el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara.
Entre los invitados se encontraban además la consejera de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre; el vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Raúl Aguirre Saravia; el ex secretario Legal y Técnico de la Nación Pablo Clusellas; el director del Banco Central Juan Curuchet; y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Marcela Basterra.
Hacia el cierre de su discurso, Gil Lavedra reivindicó el rol político-institucional de la lista Unidad, espacio que conduce el Colegio, y aseveró que “solo la lista Unidad puede garantizar un colegio serio, profesional y comprometido con la defensa de la República y el Estado de Derecho”. En ese marco, expresó su confianza en que ese sector continuará al frente del CPACF durante el próximo período de gestión.
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