La Cámara Nacional Electoral confirmó los procesamientos sin prisión preventiva y embargos a cuatro acusados de haber presentado listas de precandidatos para las PASO 2023 en la provincia de Buenos Aires sin real intención de competir y para obtener multimillonarios fondos estatales, según la acusación.
La investigación abarca supuestos delitos cometidos durante la campaña electoral para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, (PASO) de candidatos a senadores y diputados nacionales realizadas en la provincia de Buenos Aires en el 2023.
Dos de las cuatro agrupaciones investigadas percibieron aportes públicos para solventar la campaña electoral y para la impresión de las boletas de votación.
Las otras dos los tenían asignados pero no llegaron a cobrarlos porque se rechazaron sus listas de precandidatos para senadores y diputados nacionales y Parlamentarios y Parlamentarias del Mercosur distrito Regional.
Además, se constataron otras irregularidades, como la inclusión en listas de precandidatos de personas fallecidas y otras que declararon que nunca supieron que estaban candidateadas a algo.
Las dos agrupaciones que llegaron a recibir fondos por aportes de campaña y para impresión de boletas no pudieron acreditar ante la justicia nacional electoral que el dinero percibido del Estado Nacional haya sido destinado a ese fin.
La Cámara confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de cuatro acusados por “defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público”.
Los investigados
Los procesados figuraban como responsables de las agrupaciones políticas: partido “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, “Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo”.
La maniobra delictiva implicó un singular modus operandi mediante el desfalco de dinero aportado por el Estado para el financiamiento de las campañas de las agrupaciones políticas.
De las constancias de la causa se desprende que la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, entregó al partido “Proyecto Joven” la suma de 352.050.020,32 millones de pesos en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas.
A la agrupación “Justicia y Dignidad Patriótica” le asignó 124.224.124,30 millones, por los mismos conceptos. Sin embargo, el dinero se habría desviado.
Negocio multimillonario
Según la acusación, existió un esquema coordinado para presentar listas internas “sin una verdadera intención de competir, con el fin de activar los aportes públicos y direccionarlos a un único proveedor”.
En la confirmación de procesamientos, los camaristas Daniel Bejas, Alberto D’alla Via y Santiago Corcuera señalaron que la operatoria “representó un negocio multimillonario para una imprenta que pertenecía a la cónyuge de quien tenía el manejo real y efectivo de los partidos”.
Según el expediente, los fondos cobrados por las dos agrupaciones que sí alcanzaron a percibir los aportes fueron destinados casi exclusivamente a contrataciones con la imprenta DWP SRL, vinculada a dos de los imputados.
La justicia remarcó que los partidos “no reportaron gastos en ningún otro rubro” más allá de la supuesta impresión de boletas y folletería, y que no se acreditó de manera completa que la empresa hubiera cumplido las prestaciones por las que recibió el dinero.
El fallo detalla que el financiamiento se activaba mediante la presentación de múltiples listas internas y documentos partidarios que luego se comprobaron como irregulares.
Esa multiplicación de listas incrementaba automáticamente el monto de los aportes estatales destinados a la impresión de boletas, lo que amplificó el volumen del dinero recibido.
Los jueces concluyeron que los apoderados “cooperaron para constituir y/o mantener vigencia de partidos sin vocación real de competir”, lo que permitió acceder a los fondos estatales de financiamiento.
Falsos precandidatos
Por otra parte, surge de la causa que los partidos habían presentado dentro de su nómina de precandidatos personas fallecidas.
Presentaron ante la Justicia Electoral listas integradas por personas que no sabían que estaban postuladas.
De 228 precandidaturas relevadas, 170 fueron desconocidas por quienes figuraban en ellas, incluso hubo casos donde los supuestos postulantes habían fallecido antes de la presentación.
En la investigación se determinó que las nóminas se presentaban con actas de juntas electorales firmadas por personas que declararon no haber integrado esos órganos.
La maniobra permitía que las listas fueran oficializadas para luego activar el mecanismo de financiamiento electoral.
La investigación determinó que las presentaciones eran realizadas por los apoderados de cada partido, pero que en los hechos la operatoria estaba centralizada en uno solo de los acusados, Ernesto Habra.
En los allanamientos se secuestró documentación correspondiente a las cuatro agrupaciones, como modelos de boletas, fichas de afiliación y actas partidarias.
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