“Queremos que lo que dice una sentencia se aplique”, aseguró el juez que lideró la reforma del Código Penal

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, habló sobre los puntos más importantes del proyecto de reforma integral del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso Nacional.

“Lo que queremos es que lo que dice una sentencia se aplique y no haya ninguna duda: que genere seguridad jurídica, legalidad y la inserción de Argentina en el mundo”, declaró esta mañana en Radio Mitre el también presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.

En el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann, el magistrado detalló los fundamentos detrás del proyecto que, según sus palabras, ubica a la víctima como eje central del proceso penal. “Ya no vamos a discutir más garantismo, mano dura, porque en definitiva todos los jueces que aplican la Constitución, y así debe ser, aplican las garantías constitucionales. De lo que vamos a hablar ahora es de la aplicación efectiva de la ley penal”, sostuvo.

Borinsky explicó que la propuesta surgió tras casi 100 años sin una actualización integral y que introduce, entre otras novedades, nuevos tipos penales vinculados con la criminalidad moderna y modalidades que hace un siglo no existían. “Los casos de los motovehículos, los casos vinculados con la viuda negra, las estafas piramidales, las entraderas y salideras bancarias. Lo que de alguna forma afecta la propiedad es una nueva criminalidad”.

El proyecto, según el funcionario, incluye endurecimiento de penas para delitos como homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Borinsky detalló: “Se prevén penas de cumplimiento efectivo, porque se amplía el espectro de criminalidad y la aplicación de la sanción será más sencilla con procesos más breves”.

Y con respecto de los accidentes de tránsito, especificó que “las tragedias viales, junto con las armas de fuego, son las dos principales causas de muerte en Argentina” y que por eso el texto “produce modificaciones específicas”.

Cambios y discusiones procesales

Borinsky subrayó que habrá decomiso anticipado de bienes obtenidos por delitos, incluso antes de una sentencia firme, para que esos recursos sean destinados al Estado. “El dinero malhabido vuelve al Estado al comienzo, no al final del proceso penal”, sentenció.

Consultado sobre el impacto en el sistema penitenciario y la Justicia, el magistrado mencionó que “el Código Penal va de la mano con el código procesal, que genera acortamiento de los plazos procesales. Así, se reducirá la cantidad de personas en prisión preventiva y aumentarán las condenas efectivas”.

En lo que respecta a corrupción, Borinsky resaltó que el texto “establece un incremento punitivo para los delitos de funcionarios públicos con penas que llegan a 12, 14 y 16 años” y una cláusula especial sobre los plazos de juzgamiento para delitos complejos. Sobre la imprescriptibilidad, aclaró que “se prevé un plazo mayor para la vigencia de la acción penal, que es la contracara justamente de la prescripción”.

La comisión también abordó la edad de imputabilidad y la criminalidad juvenil: “El nuevo Código Penal Juvenil trata el tema de la edad, que se discute en todo el continente si es 15 o 16 años, porque hay nuevos índices de maduración de los chicos vinculados con la capacidad para votar o para manejar un auto. Uno de los puntos es la imputabilidad, pero otro es la política de Estado que se debe adoptar para dar una solución específica por parte del Estado al tema de los chicos”.

Respecto a las personas jurídicas, Borinsky sostuvo que “no alcanza con la pena de cárcel o prisión. Es necesario también que aquellas corporaciones que delinquen tengan sus fuertes sanciones económicas, con pérdida de beneficios fiscales, incluso con la cancelación de la personería jurídica”.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la modificación de límites para penas de cumplimiento efectivo: “Cuando hay situaciones de aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, cuando hay uso de armas de fuego, vandalismo, organización o crimen organizado, estas hipótesis implican penas superiores a tres años y, por ende, de cumplimiento efectivo”. En relación a la reincidencia, Borinsky puntualizó: “Una persona con antecedentes, reincidente, ya no va a tener entradas y salidas de la comisaría sin pena efectiva. Esa hipótesis va a ser una situación de agravamiento de la pena”.

En cuanto al seguimiento de agresores sexuales tras su liberación, señaló que habrá un “instituto de informe y seguimiento sociojudiciario postconducta”, con controles hasta 10 años después del egreso penitenciario.

Sobre las prisiones domiciliarias, Borinsky detalló que “van a estar incorporadas en el Código Penal”, aunque limitadas a situaciones excepcionales, como enfermedades terminales, avanzada edad o tenencia de menores a cargo. “Para casos de delitos de corrupción sistemática, el juez deberá analizar cada situación bajo pautas estrictas”.

Finalmente, al definir el espíritu del nuevo Código, Borinsky afirmó: “La gente ya no quiere más demagogia, que una sentencia dice 10 diez y se cumple uno. La sociedad lo que pide es que lo que fije una sentencia se cumpla. Ni más ni menos”. Y remató: “Por eso me gusta el concepto de aplicación efectiva de la ley penal para lograr la seguridad ciudadana, la legalidad y un sistema de previsibilidad con pautas claras y concretas, que es lo que está estableciendo este nuevo Código Penal”, finalizó.