Siempre por Zoom, con rostros en cuadraditos y retos reiterados para los acusados renuentes a mostrarse en cámara, el juicio por los Cuadernos de las coimas se reanudará mañana, en una semana que marca el inicio de la lectura de nuevas acusaciones vinculadas a la cartelización de la obra pública a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, un tramo de la investigación conocido como la “Camarita”.
En esta investigación también aparece la expresidenta Cristina Kirchner apuntada por el fiscal federal Carlos Stornelli como la presunta “destinataria final del dinero”: deberá responder por 175 hechos de cohecho pasivo, según la acusación.
Además se acusa en este tramo al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la DNV, Sandro Férgola, y al ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005, Sergio Passacantando.
Integra la nómina el financista y arrepentido, Ernesto Clarens, fundador de Inverness.
En la “Camarita” se acusó a 52 empresarios por cohecho activo. Uno de ellos, Juan Chediak, falleció.
De esta forma son 51 empresarios procesados con distintos grados de participación -autores, coautores o partícipes necesarios- por pago de coimas.
Entre ellos están Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.
Qué se investiga
En esta causa penal desprendida del caso Cuadernos, se da por probada la existencia de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad Nacional que entre 2003 y 2015 habría recaudado dinero ilegal a cambio de direccionar contrataciones en el sector de obra pública civil.
El requerimiento que se leerá en el juicio afirma que la estructura operó a través de un mecanismo donde las empresas acordaban de antemano quién resultaría adjudicataria de cada licitación y qué porcentajes debían entregar a funcionarios públicos.
Las declaraciones como imputados colaboradores de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas clave para reconstruir el funcionamiento interno del sistema.
López declaró que los pagos se establecían “según los anticipos financieros” y que el retorno habitual era del 5% de esos anticipos o un 3% aplicado sobre certificados de obra. Wagner señaló que la obra pública fue “uno de los métodos de recaudación” y describió reuniones privadas entre las empresas para definir ganadores. Clarens explicó que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios, y aportó documentación que el fiscal consideró fundamental para impulsar la elevación a juicio.
Anotaciones de Centeno
En la audiencia de mañana, martes 2 de diciembre, se terminará con la lectura de la acusación vinculada a uno de los tramos del caso Cuadernos central.
Se pondrá eje en las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno relativas a esta parte de la causa, se leerán los descargos de los funcionarios y empresarios acusados; la valoración probatoria y la calificación legal contenida en este tercer requerimiento de elevación a juicio.
Luego, se calcula que en la audiencia del jueves, será el turno de la “Camarita”, el desprendimiento del caso central.
Presencialidad aún como reclamo
La nueva etapa en la lectura de requerimientos de elevación a juicio llega con un debate que todavía es cien por ciento virtual.
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli no dieron aún definiciones sobre futuros escenarios para que la presencialidad pase a ser la norma, como reclamaron sus superiores de la Cámara Federal de Casación y también distintos participantes del debate.
Entre ellos la fiscal federal Fabiana León, quien viene insistiendo desde la audiencia preparatoria del megajuicio con que no es posible llevar un proceso de esta magnitud y relevancia histórica a la distancia.
Para empezar, la fiscalía reclama declaraciones indagatorias presenciales, algo a lo que el Tribunal Oral Federal 7 accedió a medias: por ahora serán en una sala de audiencias a definir con los jueces, el acusado convocado, su defensa, fiscalía y querella presentes y todos los demás conectados a la distancia.
Salvo que prospere el ofrecimiento de la Cámara de Casación, y las audiencias para ese entonces -febrero 2026- puedan comenzar a realizarse en la sala AMIA de Comodoro Py 2002, con capacidad para 198 personas.
Un pedido a Casación
Por lo pronto los presidentes de las salas de Casación que integran la Superintendencia del Tribunal se reunirán mañana para resolver si aceptan un pedido del juez Castelli para tomar una subrogancia, es decir una suplencia, en otro tribunal oral para 2026.
Los jueces cobran un 33 por ciento más de su salario por las subrogancias.
El máximo tribunal penal federal del país incluyó el pedido en su temario pero no hay buenas perspectivas ya que proviene del integrante de un Tribunal que manifestó estar “colapsado” de trabajo y justificó en ello la imposibilidad de incrementar la frecuencia de las audiencias en el caso Cuadernos.
En Casación recordaron que tomar subrogancias es posible siempre y cuando no se afecte el trabajo del Tribunal o juzgado que se integra en carácter de titular.
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