El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación del caso por las coimas en la Agencia de Discapacidad, presentó hoy una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido en el Aeroparque Metropolitano con el empresario Sergio Mastropietro.
El empresario de la aviación tenía una orden del juzgado para que entregara su teléfono celular a su regreso al país luego de un viaje, pero la requisitoria judicial no se cumplió.
La denuncia por averiguación de delito quedó a cargo del juzgado federal 6 de Comodoro Py, tras ser sorteada luego de la presentación del juez, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
Se pide investigar lo ocurrido y el rol de los funcionarios que debían cumplir con la orden judicial al momento en que Mastropietro arribó al Aeroparque proveniente de la ciudad estadounidense de Miami, con una escala previa en Tucumán, el 15 de noviembre pasado.
El empresario de la aviación pasó los controles migratorios sin que se concretara la disposición judicial que indicaba pedirle su teléfono celular y luego, cuando fue abordado, manifestó no tenerlo con él.
Quién es Mastropietro
Sergio Mastropietro es un empresario de la aviación y está señalado como un hombre clave dentro de la red de corrupción que habría operado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Justicia aguardó que regrese al país desde los Estados Unidos para secuestrar su celular, pero a su llegada a Aeroparque logró evadir los controles de Migraciones.
Los domicilios de Mastropietro fueron allanados en la saga de operativos que solicitó el fiscal Franco Picardi y ordenó el juez Sebastián Casanello. Se encontraron con que estaba en el extranjero. De cualquier forma, la policía incautó sus computadoras y otros materiales de interés para la causa. Aún faltaba el teléfono.
El empresario emprendió su regreso a Buenos Aires el 15 de noviembre. Días antes el juzgado federal 11, que subroga Casanello, giró a Migraciones una orden de requisa sobre el sospechoso. Con colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), debían notificarlo de la disposición del juez y pedirle que entregue su celular, algo que en rigor no estaba obligado a hacer, ya que podría ser autoincriminante.
Mastropietro viajó acompañado de un grupo de personas. Además, el trayecto que hizo se corrió del plan de vuelo que había notificado previamente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El avión debía viajar directo desde Miami hacia Buenos Aires, pero antes hizo una parada en Tucumán, supuestamente para cargar nafta. En esa provincia, Mastropietro realizó una llamada telefónica, según consta en los registros, a un destinatario todavía desconocido. Estos movimientos y el posterior resultado de su desembarco en el país nutren las sospechas de los investigadores sobre el accionar de las autoridades intervinientes.
Cuando llegó al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Mastropietro y sus acompañantes pasaron por Migraciones sin que se le exigiera la requisa ordenada por el juez. Su paso por los puestos de control quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar que ya están en poder de la Justicia y de la Policía Federal Argentina.
Luego de un llamado del Juzgado para verificar el resultado de la requisa, Migraciones informó que la misma no se había concretado. Junto con la PSA tuvieron que ir detrás de Mastropietro y lo alcanzaron fuera de la terminal, según reconstruyeron fuentes del caso. El empresario aceptó regresar al aeropuerto.
El organismo que conduce el director nacional Sebastián Seoane notificó al juez minutos después que el resultado de la requisa fue negativo. Según la versión que se ofreció a los tribunales, Mastropietro dijo haberse olvidado su teléfono en algún lugar del aeropuerto, y que cuando lo notó el aparato ya había desaparecido.
Un dato que se constató en las primeras horas de investigación es que el celular salió de Aeroparque: la señal impactó por última vez cerca de la Floralis Genérica situada a pasos de la Avenida Figueroa Alcorta.
El empresario Sergio Mastropietro no está en la lista de indagatorias que ya ordenó Casanello, con citaciones que se prolongarán hasta los primeros días de diciembre. Esto se debe a que el papel que le atribuye el fiscal Picardi aparece en la segunda etapa del supuesto plan criminal: el manejo del dinero ilícito.
Uno de los lazos que se descubrieron es con Lorena Di Giorno, una funcionaria de la ANDIS también bajo investigación que está citada a declarar este viernes.
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