Cuadernos: los abogados defensores no participarán en la reunión para discutir la modalidad de las audiencias

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de excluir a los abogados de los imputados de la reunión convocada para el martes próximo marca un nuevo capítulo en la extensa causa de los Cuadernos de las coimas. La misma fue adoptada en respuesta al pedido de los defensores de algunos de los 87 imputados en este proceso, quienes el jueves pasado habían reclamado a los jueces del Tribunal Oral federal 7 poder participar de la reunión convocada por Casación.

En una notificación firmada por el secretario general de esa Cámara, Juan Manuel Montesano Rebón, a la que accedió Infobae, se comunicó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 que la reunión convocada es exclusiva para magistrados y que no se permitirá la intervención de abogados defensores ni de los imputados.

El texto oficial precisa: “Se hace saber que la reunión citada para el día martes 18 de noviembre próximo, se trata de una convocatoria para magistrados, sin intervención de las partes del proceso”.

Contexto de cuestionamientos

La exclusión de los defensores se produce en un contexto de intensos cuestionamientos al esquema de audiencias virtuales implementado por el TOF N° 7. El tribunal, compuesto por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, había defendido la modalidad remota, argumentando la dificultad logística de reunir a todas las partes y señalando que, en esta etapa inicial dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, no resultaba imprescindible modificar el formato virtual.

Frente a la persistencia de las críticas, los jueces del TOF N° 7 anunciaron el jueves una serie de medidas para responder a las demandas de mayor presencialidad y eficiencia. En la apertura de la última audiencia, el presidente del tribunal, Méndez Signori, leyó una resolución respaldada por sus colegas Castelli y Canero, en la que defendieron su metodología de trabajo, subrayaron los seis años de reclamos por recursos ante la Corte Suprema y otras instancias, y reafirmaron su independencia jurisdiccional.

“Este Tribunal ha realizado múltiples reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo recursos humanos, espacio físico que incluya la adaptación de puestos de trabajo, gestión de expedientes sorteados o por sortearse, que fueron satisfechos sólo parcialmente por el Alto Tribunal en 2022 y 2024, a través de la autorización de contratación de personal, pero que resulta insuficiente en función de lo solicitado”, expusieron los magistrados.

Las nuevas medidas

Entre las novedades, el tribunal dispuso que las indagatorias se realizarán bajo un esquema mixto: el acusado que declare, junto al tribunal, la fiscalía y la defensa, estarán presentes físicamente, mientras que el resto de las partes y el público seguirán la audiencia por Zoom. Para ello, el TOF N° 7 solicitó a la Corte Suprema la habilitación de la Sala de Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, gestionando la petición a través de la Cámara Federal de Casación Penal.

Otra medida relevante es el adelantamiento de la frecuencia de audiencias: desde el 25 de noviembre, el juicio se celebrará los martes y jueves de cada semana, duplicando la periodicidad inicialmente prevista para marzo de 2026. Hasta ahora, las sesiones se realizaban solo una vez por semana.

El tribunal detalló el extenso recorrido de gestiones y obstáculos enfrentados desde el sorteo del expediente, el 20 de septiembre de 2019. Durante seis años, los jueces han solicitado recursos y espacios adecuados para llevar adelante un proceso de la magnitud de la causa Cuadernos, obteniendo respuestas parciales y afrontando dificultades que, según relataron, solo pudieron superar gracias al esfuerzo del personal judicial.

El TOF N° 7 también expuso las dificultades logísticas para celebrar audiencias presenciales o mixtas. La sala de audiencias “Sala Amia”, ofrecida por la presidencia de Casación, no está disponible por remodelaciones y el tribunal carece de oficinas y espacios adecuados en la sede de Comodoro Py, donde además se encuentra toda la documentación y expedientes del caso. Por ello, debieron utilizar la pequeña sala del tribunal, donde se archiva la documentación, para iniciar el juicio.

Los jueces remarcaron que, desde la fijación de la fecha de audiencia, no han recibido propuestas de los tribunales superiores para optimizar el desarrollo del juicio. Y que la anunciada mudanza del TOF N° 7 al edificio de Comodoro Py, prevista desde 2020, sigue sin concretarse.

La convocatoria de Casación

El 11 de noviembre de 2025, la Cámara Federal de Casación convocó al tribunal para una reunión destinada a mejorar la eficacia y celeridad del juicio. Los jueces indicaron que aprovecharán esa instancia para reiterar sus pedidos históricos de recursos y espacios.

Como recordó esta semana, el TOF N° 7 enfrenta, además, una sobrecarga de trabajo significativa. Desde el 19 de mayo de 2025, lleva adelante el juicio “Odebrecht”, con veintiséis imputados y doscientos noventa testigos, cuya duración se proyecta en más de un año y medio. La Cámara de Casación también ha instado al tribunal a fijar fecha para el juicio de lesa humanidad “Orihuela y otros”, con seis imputados en arresto domiciliario y ciento nueve testigos, programado para los miércoles y con una duración estimada de ocho meses.

Además, a comienzos del próximo año, está previsto el inicio del juicio “Pochetti”, con quince imputados y doscientos ocho testigos, los viernes de cada semana. El tribunal, además, registra treinta y nueve causas en condiciones de debate —tres con detenidos— y un total de ciento veintidós causas en trámite. Pese a esta agenda, los jueces aseguraron que adoptarán todas las medidas necesarias para maximizar el rendimiento de cada jornada y dar la mayor celeridad posible al juicio de los Cuadernos.

En esta extensa investigación está imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros 86 ex funcionarios y empresarios. En la causa se juzga la existencia de una asociación ilícita que habría montado, entre 2003 y 2015, un circuito de recaudación de dinero de constructoras y diversas empresas, beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.