Cómo sigue la causa Seguros después del fallo que revocó el procesamiento de Alberto Fernández

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros, y remitió las actuaciones al juzgado federal 11, para que dicte un nuevo procesamiento. Al tratarse de uno de los tribunales con cargo vacante, el fallo deberá ser acatado por el nuevo magistrado subrogante, Ariel Lijo. El fiscal que interviene es Carlos Rívolo.

El expresidente había cuestionado la resolución que dictó el anterior suplente, Sebastián Casanello. Sostuvo que le imputó delitos por los que no fue indagado y que tampoco se convocó a especialistas en materia de seguros, capaces de aclarar los hechos investigados.

Con el nuevo escenario, la defensa de Fernández apuesta a las testimoniales de la exsecretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Solicitó que los citen a declarar con el objetivo de convencer a la justicia sobre la legalidad del decreto 823/2021, que permitió la intervención de Nación Seguros S.A. para la contratación de pólizas de organismos del Estado.

También requirió que se cite al exministro de Economía, Martín Guzmán, y al expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, para que detallen los efectos de la contratación de los seguros.

Como parte de esta estrategia, ya declaró la extitular de la Superintendencia de Seguros, Mirta Adriana Guida. Afirmó que el decreto en cuestión “dice que los bienes del Estado Nacional tienen que ser asegurados en Nación Seguros, pero no habla de intermediación”.

Agregó que “si no nombra ni hace un punto específico sobre la intermediación, se tiene que seguir trabajando como hasta ese momento”.

Por su parte, una exasistente del despacho presidencial, Ana Clara Hernández, indicó que la secretaria privada del mandatario, María Cantero, “estaba muy preocupada porque a ‘Hecky’ (su esposo Héctor Martínez Sosa) le iban a sacar los seguros de Cancillería”.

La testigo enfatizó que Cantero “estaba muy nerviosa” y repetía: “Si le llego a preguntar a éste (por Alberto Fernández) me va a sacar cagando”. Explicó que nunca supo si finalmente le pidió ayuda al expresidente.

El fallo de Casación

Alberto Fernández se había presentado ante Casación para pedir que se anule la resolución del juez de instrucción, en orden al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Puntualizó que cuando lo solicitó ante la Cámara de Apelaciones, que después ratificó el fallo, el fiscal de esa instancia había pedido el dictado de la falta de mérito, argumentando que los elementos probatorios existentes no permitían sostener la imputación.

Por otro lado, su abogada Mariana Barbitta afirmó que el procesamiento, como medida judicial, era arbitrario porque “no se produjeron las pruebas ofrecidas por la defensa, ni se permitió su adecuado control respecto de aquellas diligenciadas durante la investigación”.

En el momento de resolver, por mayoría de dos votos contra uno, la Sala IV de la Cámara de Casación se inclinó por la anulación del procesamiento y remitió la causa al juez de instrucción para que evalúe otra vez el marco probatorio.

Por la mayoría, el juez Mariano Borinsky expresó que “el proceso penal debe desenvolverse sobre la base de una imputación formulada por la acusación, susceptible de contradicción por la defensa, y sin que el tribunal asuma tareas que desplacen o sustituyan la iniciativa propia del acusador”. El camarista Javier Carbajo coincidió con el pronunciamiento de Borinsky.

En tanto, el juez Gustavo Hornos se opuso a la anulación del procesamiento porque entendió que Fernández “no ha precisado los concretos actos procesales realizados en autos que le habrían irrogado algún perjuicio”.

Destacó que “la decisión cuestionada -avalada en forma razonada por el acusador público en esta instancia- se sustenta en la existencia, con el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal, de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros”.

La causa

Los investigadores sospechan que durante el gobierno de Alberto Fernández existió un esquema de corrupción, que operó mediante el direccionamiento en la contratación de pólizas tomadas a través de Nación Seguros por distintas reparticiones públicas.

En ese contexto, sostienen que el decreto 823/2021 que firmó Alberto Fernández fue la herramienta que supuestamente habilitó a la aseguradora estatal para designar discrecionalmente a intermediarios y a otras compañías privadas.

Entre los principales beneficiarios de la maniobra estarían el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; su esposa y ex secretaria, María Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los $2.200 millones, equivalente al 59,6% de las comisiones a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales entre 2019 y 2023.

La causa Nación Seguros tramita en el juzgado federal 11, vacante desde que falleció su titular Claudio Bonadío. Cuando se radicó la denuncia estaba a cargo el juez Julián Ercolini, a quien el ex mandatario calificó de “su enemigo público”.

Luego asumió como subrogante Sebastián Casanello, quien resolvió procesarlo por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Finalmente este año, el juez Ariel Lijo tiene la suplencia del juzgado y deberá ocuparse de revisar la resolución anulada por Casación.