El ex ministro Julio De Vido pidió no volver a la cárcel. Este miércoles su defensa le propuso al Tribunal Oral Federal N° 4 que la condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación se cumpla con arresto domiciliario, a partir de su edad -tiene 75 años- y de su estado de salud.
El abogado del ex funcionario kirchnerista, Maximiliano Rusconi, hizo el planteo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde De Vido está citado para quedar detenido el jueves a las 10.
A la misma hora debería conectarse por Zoom a la segunda audiencia del juicio de los cuadernos de las coimas, causa en la que está entre los principales acusados.
El planteo de la domiciliaria se encuentra bajo análisis del TOF N° 4. El juez Ricardo Basílico había firmado ayer la resolución en la que se ordenó hacer efectivo el arresto del ex ministro de Planificación Federal, que además fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
En esta causa, De Vido nunca estuvo detenido. Se lo juzga allí por sus responsabilidades en torno a la tragedia que se cobró la vida de 52 personas y dejó más de 700 heridos el 22 de febrero de 2012. En el juicio lo absolvieron por el delito de estrago culposo y lo condenaron solo por no haber controlado debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA).
Cuestionamientos de la defensa
El defensor Rusconi difundió un comunicado en le que confirmó que volverán a la Corte Suprema de Justicia para revertir el fallo, con un recurso de reposición y revocatoria. También dijo que llevará el caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente, en contra de sus propios antecedentes y en un absoluto exceso de jurisdicción, ha rechazado, sin siquiera tratarlo, un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, al arquitecto Julio De Vido en la llamada causa de la “tragedia de Once”, por haber sido injustificada y arbitraria. Con esa decisión, la Corte Suprema posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”, sostuvo el defensor.
Rusconi evaluó que el máximo tribunal “omitió considerar, en verdad, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión, debido a que, como se había expuesto en el mismo recurso que se rechazó, se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal, que al ser de orden público —por lo que debe ser declarado aún de oficio—; y de previo y especial pronunciamiento, debió ser resuelto en cualquier estado del proceso –incluso– antes del trámite de cualquier otra cuestión de fondo”.
La carta de la prescripción es una carta que la defensa ya jugó en instancias anteriores, y que en octubre fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal.
“Cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”, siguió Rusconi.
De Vido y la cárcel
Tras perder sus fueros como diputado nacional en octubre de 2017, De Vido fue detenido por primera vez en el marco del caso Río Turbio. Estuvo preso preventivamente en la cárcel de Marcos Paz, mientras a la par avanzaban otras investigaciones de corrupción en su contra.
Salió del penal dos años después, y continuó detenido con domiciliaria los siguientes seis meses, según dispuso el Tribunal Oral Federal N° 1. Los mismos jueces le otorgaron la libertad en marzo de 2020 y, desde entonces, no volvió a estar tras las rejas.
La condena de De Vido en el segundo juicio por la Tragedia de Once es la primera sentencia sobre el exministro que adquiere firmeza en la Corte.
Este año, el exministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. En ese juicio recibió una condena de cuatro años de prisión.
En 2022 ya había sido condenado, también a cuatro años, por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.
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