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Procesaron con prisión preventiva a la jueza riojana que pidió una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión

La exmagistrada Norma Abate de Mazzucchelli ya había sido destituida por mal desempeño tras conocerse la grave denuncia en su contra. Cuál es la pena prevista para este delito

jueza Abate de Mazzuchelli
Norma Abate de Mazzucchelli
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La Justicia de la provincia de La Rioja dictó la prisión preventiva de Norma Abate de Mazzucchelli, la exjueza acusada el año pasado de exigir una coima millonaria a una comerciante para reactivar una sucesión.

La medida, dictada por la jueza Cecilia Córdoba, fue comunicada ayer por el fiscal provincial Luis González Aguirre. Según precisó, la causa contra Mazzucchelli es por el delito de “concusión”, que contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.

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“Finalmente, hemos podido avanzar a pesar de la multiplicidad de obstáculos que ha ido interponiendo. Hemos tenido que luchar para que se le tome la declaración indagatoria, se llegó en el cuarto intento”, relató Aguirre, en diálogo con la radio local Fénix.

Y agregó: “Estamos contentos, felices. Podemos decir que está actuando la Justicia riojana”.

Una jueza de La Rioja pidió 8 millones de pesos para agilizar un expediente

Cabe destacar que la jueza resolvió mantener a Abate de Mazzucchelli en libertad, al considerar que no se verificaban riesgos procesales: “Se descarta que pudiera entorpecer la investigación”, argumentó el fiscal.

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La historia de este caso escandaloso comenzó a mediados de mayo del 2024, cuando se conoció una grave denuncia contra la magistrada: fue acusada de solicitar una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión. Como prueba, trascendió el testimonio de la víctima de esta maniobra extorsiva y una cámara oculta.

El noticiero Telenoche (El Trece), de Buenos Aires, difundió el caso denunciado por una comerciante riojana, llamada Manuela Saavedra, que expuso el pedido de coima por parte de Abate de Mazzucchelli para agilizar un proceso de sucesión familiar, la herencia de un tío fallecido hace cuatro años, sin testamento.

Apenas se difundieron las imágenes, el gobernador Ricardo Quintela afirmó que “los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación”.

Quintela tuiteó contra la jueza acusada de cohecho
El tuit de Quintela contra la jueza.

Luego de innumerables idas y vueltas e intentos por contener el revuelo que el tema provocó en la provincia de la Rioja, la funcionaria judicial fue sometida a un jury de enjuiciamiento que la condenó y ordenó su destitución pocos meses después.

Tras el escándalo por la cámara oculta y para evitar su destitución, la jueza presentó su renuncia, pero no le fue aceptada. Este fue el principal argumento del abogado defensor de la magistrada, Gabriel Pavón: “Ella ya renunció, dejó de pertenecer al Poder Judicial. No se puede remover a quien ya se removió por ella misma. Queda la responsabilidad penal, por eso planteamos que el jury es nulo”.

La cámara oculta

En un video que mostró Telenoche -y que fue decisivo para la apertura del jury-, se la vio a la jueza realizándole una pregunta directa a la damnificada: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”. “Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, fueron algunas de las frases de Abate de Mazzucchelli captadas con cámara oculta.

Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”, dijo Saavedra, que estaba reclamando en el juzgado que avanzara la sucesión. Lo dijo durante una entrevista, en la denuncia televisiva, al evocar las palabras de la jueza.

Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente. Segundos después, habría intentado negociar otro monto al preguntarle a la comerciante cuánto estaba dispuesta a pagar.

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