La Fiscalía Nacional Electoral (FNE), a cargo del fiscal federal Ramiro González, informó que las elecciones celebradas el domingo pasado se llevaron a cabo con normalidad tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto del país. Sin embargo, durante el fin de semana del 24 al 26 de octubre, el organismo registró un total de 362 denuncias y consultas vinculadas con presuntas infracciones a la veda electoral y con la difusión de videos falsos generados con inteligencia artificial (IA).
Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal este miércoles, la fiscalía mantuvo una guardia activa durante los días previos y posteriores a las votaciones, con el objetivo de recibir y canalizar denuncias ciudadanas a través de tres vías: el portaldenunciaselectorales.mpf.gov.ar, el correo electrónico institucional y las líneas telefónicas del organismo. Según se difundió, la mayoría de los reportes -291- ingresó por la web, que concentró la mayor parte de las presentaciones provenientes de distintas jurisdicciones del país.
Las infracciones más frecuentes estuvieron vinculadas con la violación de la veda electoral, que prohíbe la difusión de propaganda política, encuestas o declaraciones proselitistas durante el período comprendido entre las 48 horas previas al inicio de los comicios y su cierre. Las denuncias abarcaron desde publicaciones en medios tradicionales hasta en plataformas digitales y redes sociales, en línea con la creciente relevancia e influencia del entorno virtual en el desarrollo de los procesos electorales.
El segundo grupo de denuncias estuvo compuesto por casos de desinformación digital, entre ellos, la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial que simulaban la voz o la imagen de dirigentes políticos. Estos contenidos, conocidos como deepfakes, motivaron la intervención conjunta de la Fiscalía Nacional Electoral y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). En coordinación, ambas entidades adoptaron medidas para la preservación de evidencia digital y solicitaron la remoción inmediata de los materiales falsos ante las plataformas en las que habían sido publicados.
Todos los expedientes iniciados por presuntas faltas o ilícitos electorales se iniciaron con el fin de recabar mayores elementos probatorios durante la etapa de instrucción en curso.
Por otro lado, se recibieron consultas menores relacionadas con la implementación del nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), principalmente referidas a la posibilidad de utilizar lapiceras personales al momento de votar.
Desde la FNE destacaron que la mayoría de las incidencias reflejaron la interacción directa del electorado con los entornos digitales y que el impacto de la información difundida en redes sociales se ha convertido en un componente central de los sistemas democráticos.
En efecto, el tema del uso de inteligencia artificial en campañas de desinformación ya había sido objeto de atención judicial en los días previos a las legislativas del domingo. El viernes pasado, la jueza federal con competencia electoral María Servini había ordenado a la Dirección Nacional Electoral (DINE) -dependiente del Ministerio del Interior- que, en un plazo de 24 horas, informara las medidas implementadas para prevenir la difusión de contenidos falsos generados mediante IA.
La decisión fue dictada en el marco de un amparo colectivo presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien solicitó la adopción de medidas “efectivas y urgentes” para evitar la propagación de deepfakes o la clonación de voz y rostro con inteligencia artificial durante el proceso electoral nacional. El demandante argumentó que ese tipo de prácticas “afectan de manera colectiva el derecho a elegir libremente en un contexto de información transparente y veraz”.
A través de la Vicejefatura de Gabinete del Ministerio del Interior, el Estado Nacional cuestionó el planteo tras considerar que las medidas requeridas “eran de distinta envergadura” y requerían tiempo y normativa específica para su eventual aplicación. La jueza Servini rechazó el amparo por falta de legitimación procesal del actor, aunque coincidió en la gravedad del problema y recordó que la cuestión ya había sido advertida por la Cámara Nacional Electoral en acordadas anteriores.
En su resolución, la magistrada ordenó igualmente a la DINE que informara “en el término de 24 horas” los resultados de las medidas preventivas solicitadas y remarcó los nuevos desafíos que plantean las tecnologías digitales para el desarrollo de elecciones transparentes.
La Fiscalía Nacional Electoral se encuentra elaborando un informe estadístico que detallará la cantidad, el tipo y la distribución geográfica de las denuncias recibidas en el país. Ese relevamiento formará parte del documento anual de gestión que la fiscalía elevará a la Procuración General de la Nación.
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