La Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de seis mujeres y tres hombres acusados de integrar una red ilegal dedicada a ingresar drogas al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza mediante la utilización de certificados de embarazo apócrifos. Según la investigación, las mujeres se hacían pasar por parejas de los internos para eludir los controles de rayos X y ocultaban pequeñas cantidades de estupefacientes en su cuerpo, que luego eran comercializados dentro del penal.
La resolución fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, integrantes de la Sala I del tribunal de alzada platense, quienes además ratificaron la prisión preventiva de tres de los procesados. En su fallo, los magistrados consideraron que las conductas imputadas encuadraban en el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido “en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario”, en virtud de los artículos 5°, inciso c, y 11°, incisos c y e, de la Ley 23.737.
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Según publicó este lunes el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación fue impulsada por la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del MPF.
De acuerdo con las actuaciones, las evidencias recolectadas durante la pesquisa permitieron reconstruir el funcionamiento de una organización criminal con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, y cuyo objetivo era ingresar y vender drogas dentro de establecimientos carcelarios, evitando los controles de acceso de los visitantes y mercaderías.
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El grupo estaba conformado por presos y personas en libertad, la mayoría de ellas vinculadas entre sí por lazos familiares o afectivos. Según la fiscalía, las mujeres que colaboraban con la organización se registraban como parejas de los internos y presentaban certificados médicos falsos que acreditaban un supuesto embarazo. Esa maniobra les permitía eludir el control corporal por rayos X dispuesto por los protocolos de seguridad estipulados por Servicio Penitenciario Federal.
Una vez dentro del penal, las mujeres transportaban pequeñas dosis de droga fraccionada y empaquetada, que luego entregaban a los detenidos encargados de su repartición para la venta. El MPF precisó que la operatoria no se limitaba al penal de Ezeiza, en tanto se detectaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 de Merlo y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dio cuenta de un esquema articulado y con extensión territorial.
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A partir del entrecruzamiento de datos realizado por la DAC, se determinó que los compradores -también internos- pagaban los estupefacientes mediante la cesión de sus haberes penitenciarios, conocidos como “peculios”. Para eso, autorizaban a miembros de la banda a cobrar los cheques emitidos por la administración del penal. Esos fondos eran luego centralizados y gestionados por uno de los detenidos que actuaba como coordinador general de las maniobras.
En su resolución, la Cámara Federal de La Plata describió la existencia de roles precisos y diferenciados dentro del grupo: desde la coordinación de las operaciones en el interior de la cárcel hasta la recaudación de los peculios, la falsificación de certificados médicos y la provisión de la sustancia ilegal desde el exterior. Además, los camaristas advirtieron sobre la utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros, incluso de familiares, para canalizar los fondos originados en la venta de drogas.
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El tribunal aclaró que no se detectó participación de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras bajo investigación. Ahora la causa continuará en la etapa de instrucción con la intervención de las áreas especializadas en narcocriminalidad.
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