
Taghi Rahmani habló con su esposa el martes desde su exilio en París. La comunicación fue posible gracias a llamadas intermediadas por familiares y el abogado de la activista, porque Irán mantiene cortado el acceso a internet desde enero, cuando reprimió con violencia las protestas desencadenadas por la crisis económica. Al otro lado, Narges Mohammadi, defensora de derechos humanos y Nobel de la Paz en 2023, se encontraba hospitalizada en Zanjan, ciudad del noroeste del país, ingresada en cuidados cardíacos tras una crisis que su fundación describió como “deterioro catastrófico”.
“Tenemos mucho miedo porque las enfermedades que padece Narges, como la hipertensión o una embolia pulmonar, podrían causarle la muerte”, declaró Rahmani a Reuters. La familia lleva semanas exigiendo que Mohammadi sea trasladada a Teherán, donde podría recibir atención de mayor calidad. Las autoridades iraníes accedieron a mantenerla en el hospital durante una semana, pero rechazan el traslado. El desenlace que más temen es que una mejoría temporal sirva de pretexto para devolverla a prisión antes de que reciba tratamiento adecuado. “Aunque su estado mejore un poco, si la envían de vuelta, volverá a empeorar”, añadió.
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La crisis actual es el punto más grave de una cadena de episodios que se acumulan desde diciembre. Mohammadi fue detenida el 12 de ese mes durante una visita a Mashhad y condenada a siete años adicionales, pena que se sumó a los 13 años y nueve meses que ya arrastraba por cargos de colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el régimen iraní. La Fundación Narges Mohammadi calificó el ingreso de “medida de último momento” producida “después de 140 días de negligencia médica sistemática”. El comité del Nobel condenó en febrero el “maltrato continuo que pone en peligro su vida”.

Las señales de alarma venían de lejos. El 24 de marzo, sus compañeras de celda la encontraron inconsciente. Días después, un médico de la clínica de la prisión le dijo que probablemente había sufrido un infarto. Desde entonces padeció dolor en el pecho y dificultades para respirar, pero las autoridades denegaron su traslado a un hospital y la posibilidad de ver a su cardiólogo. El abogado Mostafa Nili informó que, antes del ingreso, la activista sufría fluctuaciones severas de presión arterial. Un neurólogo ordenó finalmente el traslado de urgencia después de que se desplomara por segunda vez en pocas horas.
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Rahmani vincula el agravamiento con el contexto político. El conflicto con Israel en 2025, a su juicio, reforzó el control militar sobre las instituciones iraníes y endureció la postura de las autoridades de seguridad frente a Mohammadi. Estas se resisten a trasladarla a la prisión de Evin, en Teherán, porque temen que desde allí pueda reanudar su activismo. “Narges es una activista que, vaya donde vaya, se vuelve activa, y para el sistema represivo esta actividad se considera una amenaza”, afirmó.
Las protestas que estallaron en Irán el 28 de diciembre de 2025, impulsadas por el colapso del rial, derivaron en la respuesta más letal del régimen en años. Según informes de la ONU, más de 5.000 personas murieron durante la represión. Amnistía Internacional documentó masacres concentradas los días 8 y 9 de enero y calificó ese mes de “periodo de represión más mortal” registrado en su trabajo sobre Irán. Las ejecuciones continúan, según organizaciones de derechos humanos. Rahmani lo resumió con crudeza: “Las ejecuciones se están produciendo a la sombra de las noticias de la guerra. Esta guerra no está trayendo la democracia a Irán. Está empeorando la situación.”
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