En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), iniciada tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, la Justicia amplió a 25 los allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia.
Según fuentes judiciales, la decisión de realizar estos nuevos procedimientos se basa en que se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS, de acuerdo a la línea de investigación que sigue la Procuraduría de Investigacions Administrativas (PIA).
En los allanamientos, que realiza la Policía, se buscan celulares y aparatos electrónicos. Según fuentes policiales, hasta el momento no se han solicitado detenciones en el marco de estos procedimientos.
La orden judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, responde a la aparición de nuevos indicios tras el análisis de los teléfonos móviles de los primeros implicados en la causa. De acuerdo con la información recabada, estos dispositivos contenían datos que comprometerían a otras personas, motivo por el cual los operativos se concentran en la localización de aparatos electrónicos pertenecientes a estos nuevos involucrados.
El origen de la causa
La investigación se originó a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe del área y ex titular de la ANDIS, en los que se describía una supuesta operatoria de pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo. En estos registros, según consta en la causa, se mencionaba la presunta participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el desarrollo de la causa.
El fiscal Picardi dispuso la transcripción de los audios, mientras que tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para determinar la autenticidad de las voces y verificar si los archivos habían sido editados. Paralelamente, la defensa de la droguería involucrada pidió que se anularan como prueba, un reclamo que fue rechazado por el juez.
La causa, que comenzó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, se nutrió de pruebas como declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos. El mes pasado, la justicia levantó el secreto de sumario impuesto en el expediente.
Entre las medidas adoptadas, la Justicia dispuso el acceso al contenido de cajas de seguridad pertenecientes a exfuncionarios como Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y la familia dueña de la droguería Suizo Argentina.
Durante los allanamientos anteriores, los investigadores hallaron sumas millonarias y sumaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (residencia de los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (donde vive Spagnuolo) y El Paso Country Club (domicilio de Garbellini).
La Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina, empresa que figura como proveedor central en el esquema investigado por su capacidad logística y entregas diarias en todo el país. Según la pesquisa, la ANDIS no adquiría medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente.
Los operativos se producen un día después de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14:00.
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