Ayer viernes, el Tribunal Oral Federal N°7, encargado de enjuiciar desde el 6 de noviembre a la presunta asociación ilícita que recaudó las coimas de los cuadernos de la corrupción, citó a las partes del caso a una breve audiencia. Algunos empresarios investigados por pagar esas coimas registradas por el chofer Oscar Centeno, que incluso lo reconocieron en sus confesiones en la investigación llevada adelante por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, habían ofrecido pagar grandes sumas de dinero para ser sobreseídos. Lisa y llanamente, pagar para zafar

En esta audiencia, la defensa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, accionista de ODS y IECSA, que, al comienzo, solo expresó un interés formal y pidió participar, ofreció más de $2400 millones para cerrar la causa en su contra. Benito Roggio propuso otros $1800 millones para su sobreseimiento.

Esto es, por decirlo de manera leve, una ironía: los empresarios que, según la acusación, según su confesión, en muchos casos, reconocieron entregarle dinero a Roberto Baratta, subsecretario del Ministerio de Planificación y número dos de Julio De Vido, para aceitar las ruedas de la obra pública y engordar los cofres de campaña del kirchnerismo, podrían pagar aún más para liquidar la causa en su contra. La fiscal acusadora Fabiana León rechazó el planteo, lo mismo hizo el fiscal federal Paul Starc, cabeza de la UIF y querellante en el caso, con fuertes términos. Hasta el chofer Oscar Centeno protestó contra este planteo, en una reciente entrevista.

Estos empresarios se ahorrarían mucho más que una condena, en todo caso: se ahorrarían tiempo de sus vidas. No hay siquiera un número estipulado de audiencias en el juicio. Con 75 imputados y más de 600 testigos previstos -una lista que el Tribunal N°7 espera reducir en las próximas semanas-, el proceso, con una audiencia semanal realizada por Zoom, podría durar cerca de tres años, calculan fuentes del expediente. En los tiempos judiciales y políticos de la Argentina, tres años es una era geológica.

Uno de estos empresarios, Roberto Juan Orazi, entonces presidente de la firma Hidraco, acusado en uno de los expedientes paralelos a la causa principal, realizó una propuesta mucho más modesta que Roggio o Calcaterra. Sin embargo, su ejemplo sirve para ilustrar el punto. Orazi fue uno de los líderes en esta maniobra. Mediante sus abogados, propuso pagar el monto equivalente al embargo que recibió al ser procesado para evitar el proceso. .

En su respuesta al planteo de Orazi, enviada el 25 de agosto pasado, la fiscal acusadora del juicio, Fabiana León, aseguró que el planteo de los abogados de Orazi no es nada nuevo. “Ya con anterioridad inquietudes de este mismo tenor fueron traídas por múltiples defensas a la fiscalía”, escribió León en su respuesta.

También, la maniobra está prevista en la ley. El artículo 59, inciso 6 del Código Penal, invocado por los defensores de Orazi en una presentación de más de 50 páginas, establece que una causa se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes". De cara al desafío que esto representa, y a la complejidad del proceso, León pidió que se citen a todas las defensas.

El Tribunal aceptó. En todo caso, será cuestión de ponerse de acuerdo.

Los abogados de Orazi aseguraron que el acusado “no pertenece a ninguna empresa creada ad hoc para ser beneficiaria de favores gubernamentales” y que solo se encuentra en la causa al ser mencionado por el financista Ernesto Clarens, que declaró como arrepentido ante la Justicia federal. “En los descargos que hemos formulado, destacamos que ni Hidraco SA, ni ningún Director o Gerente de la Compañía han figurado en las anotaciones del chofer Centeno”, aseveraron. “Hidraco SA no ha sido beneficiaria jamás de ningún tipo de favor ni ventaja individual o comparada por parte de la Dirección Nacional de Vialidad sino que, por el contrario, fue siempre perjudicada”, continuaron después.

“El único elemento serio supuestamente cargoso que pesaría sobre nuestro defendido, sería la constancia de la mención de Hidraco SA en el llamado Anexo 3 aportado por Ernesto Clarens bajo el número “72” con el pago al nombrado de una suma de $ “316.400”“, finalizaron. Efectivamente, recordó la defensa de Orazi, se halló un cheque por ese monto por el que se pagó a Clarens por diversos servicios.

Luego, hicieron su oferta para liquidar. “La actualización que planteamos tiene en cuenta que el acuerdo se realiza evitando -entre otros fines- los costos y costas de este gigantesco proceso, conceptos que se encuentran comprendidos en el exorbitante monto de embargo dispuesto”, razonaron.

El monto: $136.403.400, lo que vale, a dólar paralelo, un monoambiente con amenities en Colegiales.

En 2019, Orazi fue procesado en la causa de la cartelización de la obra pública, uno de los múltiples desprendimientos de la causa de los cuadernos, que se juzgará junto al expediente principal. El juez Claudio Bonadio lo procesó por 18 hechos de coimas, 17 como autor, el restante como coautor; el procesamiento fue parcialmente revocado por la Sala I de la Cámara Federal en octubre de 2019, que lo acusó solo del hecho de coautoría.

El cálculo inflacionario de la defensa del empresario es interesante, una muestra de los tiempos locos de la Argentina: el embargo que le fue impuesto al empresario en aquel expediente fue de $30 millones. Aldo Benito Roggio fue embargado en $150 millones, 50 más que José López, el hombre de los bolsos y jugador clave de Julio De Vido, también imputado en la causa.

Para la Justicia, el vínculo de Orazi con Clarens fue la clave para imputarlo en este desprendimiento judicial de los cuadernos del chofer Centeno. “También Roberto Orazi reconoció haber hecho entrega de dinero a Clarens, quien lo señaló como contacto de Hidraco SA, de la que el primero fuera presidente”, continuó el fallo de la Sala I, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El match fue el problema: Orazi y Clarens, razonó la Sala, fueron contestes en su declaración.

Lo que defina el Tribunal N°7 en el caso de Orazi podría tener un efecto sin precedentes en la causa. De cara a esta chance prevista en el Código Penal, las confesiones de los empresarios acusados resuenan el doble.

Jorge Mauricio Balán fue acusado de un hecho de cohecho activo, una coima, pagada supuestamente en septiembre de 2013, anotada por Centeno en su bitácora. “Unos días antes, en una reunión, Baratta me dice que tengo que ponerme para la campaña, si o si”. “El lunes 2 de septiembre a la mañana Baratta me cita a una reunión en su despacho. Yo concurro. A la tarde. Baratta me dice `bueno, mañana tenés que venir y ponerte´.

Muchos de estos empresarios, por otra parte, fueron detenidos en su momento. En la lista de la ola de arrestos de 2018 se encontraban, por ejemplo, Carlos Mundin, presidente de la empresa Ingeniería BTU, Gerardo Ferreyra, socio mayoritario de Electroingeniería, Armando Roberto Loson, presidente de Grupo Albanesi, Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA y segundo de Calcaterra, Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones, entre otros.

Fue inusual ver al capital argentino caminar esposado por Comodoro Py. Más inusual todavía sería verlo condenado a prisión.