La Cámara de Casación ratificó una investigación por lavado de dinero que involucra a Giselle Rímolo

En un caso de presunto lavado de dinero que involucra a la falsa médica Mónica Cristina María Rímolo, conocida públicamente como “Giselle”, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por uno de los imputados y ratificó la continuidad de la investigación penal en su contra.

La Sala III del máximo tribunal penal del país, integrada por los camaristas Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, declaró inadmisible este martes el planteo de la defensa del contador Walter Eduardo Ojero Costa, acusado junto a Rímolo y a su exmarido Juan Daniel Gaineddu, por participar de supuestas maniobras de lavado de activos por más de dos millones de dólares.

La causa se inició mediante una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a partir de un informe proveniente de Panamá que alertaba que Rímolo habría blanqueado ese monto a través de la fundación The Best Woman Foundation, correspondiente al AndBank de ese país.

De acuerdo a las actuaciones, los tres imputados están sospechados de haber realizado, desde 2002, una serie de maniobras que permitieron ocultar parte del dinero que Rímolo obtuvo ilícitamente entre 1996 y 2002 -cuando fue condenada por estafas y ejercicio ilegal de la medicina-, para luego reintroducirlo en 2017 en una cuenta comitente a nombre de Gaineddu. Desde esa cuenta, la mujer habría tenido acceso a los fondos hasta el 29 de agosto de 2023, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 ordenó su bloqueo.

En un pedido que derivó en un incidente procesal, la defensa del contador Ojero Costa intentó cerrar la causa en su contra mediante un planteo de excepción por falta de acción, tras alegar que las conductas que se le atribuían comenzaron antes de que el delito de lavado de activos fuera incorporado al Código Penal argentino en 2002 y que su cliente había actuado bajo “error de prohibición”, dado que en Uruguay esas operaciones eran legales. La hipótesis fue rechazadA por el juzgado de instrucción y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Frente a esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación que también fue desestimado, lo que derivó en una queja directa ante la Sala III de la Casación. En esa sede, los camaristas resolvieron declarar “inadmisible” el planteo por considerar que el fallo apelado “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

“Es que aquellas resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al proceso sino que, por el contrario, hacen posible su continuación. Tampoco ocasionan un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, más allá del que irroga todo proceso penal, que permita su equiparación (...)”, precisaron los jueces en su resolución.

El “Caso Rímolo” tuvo gran repercusión pública desde fines de los años noventa. Conocida como “Giselle”, la mujer saltó a la fama por su relación con el conductor Silvio Soldán y por presentarse como nutricionista y homeópata sin poseer título habilitante. En 2001, una cámara oculta del programa Telenoche la mostró recetando medicamentos en su clínica Cidene, lo que derivó en la denuncia de la familia de Lilian Díaz, fallecida tras ingerir pastillas que Rímolo le había indicado como parte de un tratamiento para adelgazar.

La investigación originó múltiples detenciones. Rímolo fue arrestada por primera vez en 2002 y recuperó la libertad tras pagar una fianza de 300.000 pesos; en 2004 volvió a ser detenida, pero quedó libre nuevamente con otra caución de 100.000 pesos. En 2012, el Tribunal Oral Criminal N°7 la condenó a nueve años de prisión por homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina, múltiples estafas y tráfico de medicamentos peligrosos. Sin embargo, permaneció en libertad durante varios años gracias a recursos presentados por su defensa. La Corte Suprema confirmó su condena en 2017 y la Policía la arrestó en la casa de Don Torcuato que compartía con Juan Gaineddu.

Rímolo cumplió condena en el penal de mujeres de Ezeiza hasta septiembre de 2021, cuando la jueza María Jimena Monsalve le concedió la libertad condicional.