El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este martes que se abra una investigación judicial para investigar la denuncia presentada por el Gobierno sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal a través de la cual se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
No obstante, Stornelli fue enfático y aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Y destacó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
La aclaración realizada por el fiscal surge como respuesta a un pedido realizado por el abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien pretendía que se allanara el canal de streaming -Carnaval- que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la hermana del Presidente. También pidió que se requisaran los domicilios de los periodistas que participaron de esas transmisiones y de empresarios que estarían vinculados a la composición accionaria del medio periodístico.
En el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal describe que, según la denuncia, se habrían producido acciones delictivas consistentes en la captación y obtención ilegal de audios de conversaciones y comunicaciones privadas de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Según las sospechas del Poder Ejecutivo replicadas en el escrito, estas acciones habrían sido realizadas mediante prácticas de espionaje ilegal, seguidas de la edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de los audios. La difusión se habría amplificado a través de redes sociales y ciertos medios de prensa, algunos de los cuales habrían sido elegidos deliberadamente, ya sea de manera intencional o sorprendidos en su buena fe.
El propósito atribuido a estas acciones sería desacreditar la imagen del gobierno en ejercicio, influir ilegítimamente en la opinión pública, instalar posibles falsas acusaciones, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influir en el proceso electoral de las próximas elecciones legislativas a nivel nacional y provincial, provocar una crisis política e interferir en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado Nacional. También se menciona la posibilidad de que estas acciones persigan un ánimo destituyente, entre otros objetivos que la investigación deberá esclarecer.
El denunciante sostiene que lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucraría a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación orientada a derrocar al gobierno.
Además, se señala que algunos periodistas habrían chantajeado a funcionarios espiados ilegalmente, lo que lleva a considerar que la maniobra investigada no se limita a los audios de Karina Milei, sino que se extiende a la génesis de la presunta operación, que habría comenzado con grabaciones similares sobre otro funcionario público.
El fiscal infiere que las grabaciones habrían afectado no solo a funcionarios federales de alto rango, sino que también se habrían realizado en lugares bajo jurisdicción exclusiva del gobierno nacional, lo que justifica la competencia del juzgado federal para intervenir en la causa.
Además presume la ilegitimidad de los audios difundidos, que habrían sido puestos a disposición de la opinión pública de manera dolosa y clandestina, lo que refuerza la hipótesis de una operación de inteligencia ilegal.
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