Los dueños de la droguería Suizo Argentina, los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, presentaron un nuevo escrito en el que buscan frenar la investigación por presuntos hechos de corrupción que involucran tanto a la empresa como a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esta ocasión, la defensa alegó la existencia de “cosa juzgada” similar que tramitó en otro juzgado, aunque de acuerdo con la jurisprudencia solo podría aplicarse si hubiera existido una imputación previa con posterior sobreseimiento, algo que no sucedió.
El viernes pasado, en simultáneo con los allanamientos realizados en la compañía, el abogado de los empresarios, Martín Magram, había ingresado un primer planteo: un pedido de nulidad del proceso judicial en marcha.
Ese recurso inicial ponía en duda la validez de la grabación atribuida a Diego Spagnuolo —ex titular de la ANDIS—, señalada como el disparador de la causa penal. Además, cuestionaba “el modo en que se obtuvo la investigación”, insinuando irregularidades en el origen de la prueba.
Un nuevo escrito
Mientras ese pedido aún es analizado, se sumó otro escrito en el que Jonathan, Emmanuel y su padre, Eduardo Kovalivker, argumentan que la causa no debería continuar, dado que se trataría de un caso ya resuelto. Hicieron referencia a un expediente anterior en el que se indagó a la droguería por un contrato con la ANDIS, causa que finalmente fue archivada a pedido del fiscal Carlos Rívolo.
La investigación actual se inició a partir de audios que salieron a la luz y que involucran a Javier Milei; a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; a Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la misma dependencia; a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de Suizo Argentina. Con el avance de la pesquisa, la imputación alcanzó también a los hijos del empresario, quienes hoy controlan la firma.
La investigación trabaja sobre la hipótesis de que ellos habrían intervenido en un esquema de cobro y pago de coimas vinculado a la provisión de medicamentos, con perjuicio directo a fondos públicos. En base a este supuesto, los hechos podrían encuadrarse en delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracciones a la ley de Ética Pública, configurando incluso una asociación ilícita.
Los audios de Spagnuolo, en los que alude a un mecanismo de corrupción estructural en la compra de fármacos, se convirtieron en la base central de la pesquisa a cargo del fiscal Franco Picardi, aunque no están incorporados como prueba en la causa.
En respuesta, la defensa de los Kovalivker insistió en que la causa no debe prosperar. Sostiene que ya existió un expediente previo sobre las compras del plan Incluir Salud —el más relevante de la ANDIS—, donde también se denunciaron sobreprecios por 24.000 millones de pesos.
Para la defensa, no debería seguir abierta una investigación sobre un caso que ya fue archivado. El planteo hace hincapié en que las mismas personas, la misma empresa y los mismos convenios ya fueron analizados en otra causa y no hubo pruebas suficientes para continuar.
Ahora será el juez Casanello quien deberá resolver sobre este nuevo planteo, mientras la fiscalía de Picardi avanza con la instrucción por presuntas coimas.
Por el momento, el expediente permanece bajo secreto de sumario y continuará así al menos hasta el jueves, cuando se cumplan los diez días hábiles previstos. Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron que ese plazo podría prorrogarse.
Hasta que se levante el secreto, ni la defensa de Spagnuolo ni la de los Kovalivker podrán acceder al contenido del expediente ni conocer las pruebas recolectadas hasta ahora.
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